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Tras un análisis de 40 contratos de obras públicas y concesiones de las empresas vinculadas al caso , el medio IDL-Reporteros estimó que los sobrecostos o modificaciones adicionales a los contratos iniciales por obras públicas o concesiones entre el Estado peruano y las empresas brasileñas asciende a US$ 3,509 millones.

El monto de sobrecostos pagado por el Estado peruano es equivalente 11 veces la inversión en servicios de agua y saneamiento para zonas rurales o a 20 veces el presupuesto del Ministerio de Salud para el control y prevención del cáncer, estimaron.

Indicaron que durante el gobierno de Alan García se realizaron el 40% de estos contratos, mientras que durante el gobierno de Ollanta Humala se realizaron el 33% de los contratos. En el caso del gobierno de Alejandro Toledo se firmaron el 27% restante de los contratos.

De los 40 contratos analizados, el sector Transporte fue el más lucrativo, pues los sobrecostos se elevaron en un 51% en promedio respecto de los contratos iniciales. En total se cobraron sobrecostos por US$ 2,600 millones.

Por su parte, el sector Edificación sumó sobrecostos por US$ 10 millones con adiciones de 2% a 7%. En Irrigación, los costos adicionales fueron de más de US$ 121 millones, mientras que en Saneamiento fue de US$ 62 millones.

Según el informe, se firmaron 36 contratos de obras y servicios (construcciones, rehabilitaciones, mejoramientos) y 12 contratos de concesión (proyectos financiados) entre el Estado peruano y las empresas brasileñas del caso Lava Jato durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan Garcia y Ollanta Humala. En total se firmaron 48 contratos.

Sin embargo, aclararon que solo se estimaron los sobrecostos en base a 40 contratos pues no tuvieron acceso a los contratos de las concesiones Irrigación Olmos, Vías Nuevas de Lima, Gasoducto Sur y Chavimochic, y tres obras de Odebrecht (la Carretera El Arenal - Punta de Bombón, el Corredor Vial Hualapampa Vado Grande y la Carretera Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv.Yauri).