Tal como informó gestion.pe, la constructora peruana Graña y Montero firmó un acuerdo preliminar con la Fiscalía y Procuraduría ad hoc para buscar convertirse en colaborador eficaz.
La empresa detalló que el convenio definitivo se firmará en un plazo máximo de 60 días hábiles y que la colaboración estará en torno a los casos Lava Jato y Club de la Construcción.
La constructora también acordó con las autoridades judiciales a levantar la confidencialidad de la identidad de la compañía aspirante a colaborador eficaz, manteniéndose la reserva respecto a los demás aspectos del proceso, conforme a ley.
De esta manera, indicó que en cumplimiento del acuerdo preliminar se desistió de la solicitud de arbitraje ante el Ciadi por el caso Gasoducto del Sur.
“Para la compañía, la firma de este acuerdo preliminar constituye un hito muy importante en su compromiso con la verdad, la transparencia y la integridad”, apuntó el gerente general corporativo, Luis Díaz Olivero.
¿Qué implica el convenio?
Graña y Montero seguirá los mismos pasos de la constructora Odebrecht.
Al igual que su par brasileña, el acuerdo, esta vez suscrito entre el fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, y el procurador ad hoc Jorge Ramírez es de carácter corporativo.
Es decir, la empresa se acogió a la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil de las empresas investigadas que aspiren a convertirse en colaboradoras eficaces.
Por ahora, según conoció Gestión, el proceso de colaboración de la empresa Graña y Montero se estaría llevando de manera independiente a la colaboración de los exdirectivos José y Hernando Graña.
“Las conversaciones entre la Fiscalía, Procuraduría y los representantes de Graña, ya están bastante avanzadas”, expresaron las fuentes.
Contratos y pruebas nuevas
La Ley 30737 también faculta a la Fiscalía a exonerar de la norma a la constructora.
Como sucedió con Odebrecht, el fiscal Germán Juárez, por la calidad de información y pruebas que brinde la empresa sobre corrupción, podría eximirla de la ley y de las consecuencias jurídicas que le impedirían a la empresa postular a licitaciones con el Estado.
Desde la Fiscalía señalaron a Gestión que Graña y Montero tendrá que aportar pruebas distintas a las que ya dio Odebrecht.
“La idea es que impliquen a nuevos exfuncionarios o empresarios que Odebrecht no identificó en las obras donde admitieron sobornos”, dijo un informante.
La reparación civil
Otras fuentes involucradas en el proceso adelantaron que, al igual que Odebrecht, en el acuerdo final se fijará una cifra de reparación civil que deberá pagar Graña y Montero por los delitos que reconozcan ante el fiscal Juárez.
Por ahora, se desconoce en qué proyectos estaría admitiendo culpabilidad Graña y Montero.
Las mismas fuentes señalaron que es altamente probable que el cálculo del resarcimiento al Estado de la constructora peruana sea por la cantidad de obras o licitaciones donde se habrían cometido ilícitos.
Por el momento, hay aproximadamente S/ 80 millones de Graña y Montero y GyM S.A. en un fideicomiso custodiado por el Ministerio de Justicia (Gestión 26.12.2019).
Este dinero es una garantía de la reparación civil que pagará la empresa.
El Dato
Otra colaboración. Los exdirectivos de Graña y Montero, José y Hernando Graña, son aspirantes a colaboradores eficaces en el despacho de la fiscal Geovana Mori. Ambos brindaron detalles de la presunta injerencia de Nadine Heredia en la licitación del Gasoducto del Sur.
Las Claves
Caso Keiko. El fiscal José Domingo Pérez reveló que Javier Bisso López de Romaña, cuñado del magistrado del TC José Luis Sardón, es un presunto falso aportante de Fuerza 2011.
Sesiones. El juez Víctor Zúñiga suspendió la audiencia de evaluación de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko Fujimori hasta mañana. La sesión seguirá el próximo 2 de enero.