Lima, (AFP).- Los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Ecuador, Lenin Moreno, bromearon sobre lo peligroso que es ser gobernante de un país, responsabilidad que puede dejarlos tras las rejas, en medio de constantes destapes de corrupción en el continente.

Ambos gobernantes lideraron el viernes en Trujillo (500 km al norte de Lima) la reunión de gabinetes de ministros Perú-Ecuador, para reforzar una agenda de trabajo común en temas sociales, comerciales, de energía y de defensa.

"Hemos pasado por períodos difíciles que se reflejan en el hecho que tenemos un expresidente encarcelado y otro también. O sea, que es una profesión peligrosa ser presidente. Y hay otro más que también lo quieren meter adentro", dijo Kuczynski al iniciar la reunión.

El mandatario peruano aludía así al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por crímenes de corrupción y lesa humanidad.

En prisión preventiva se encuentra además el exgobernante peruano Ollanta Humala (2011-2016), investigado por lavado de activos por presuntamente haber recibido de dinero de la constructora brasileña Odebrecht irregularmente para su campaña.

En tanto, sobre el exgobernante peruano Alejandro Toledo (2001-2006) pesa una orden de extradición desde Estados Unidos, acusado de haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht a cambio de la licitación para construir una autopista entre Perú y Brasil.

"Bueno, en el Ecuador no tenemos expresidentes presos pero no hemos perdido la esperanza", bromeó por su parte Moreno, desatando carcajadas entre los asistentes. Su vicepresidente Jorge Glas se encuentra bajo prisión preventiva, investigado por asociación ilícita, también en el marco de la trama de millonarios sobornos entregados por Odebrecht.

Glas, a cargo desde 2007 de sectores estratégicos en el gobierno del expresidente ecuatoriano Rafael Correa y vicepresidente desde 2013, es el funcionario con más alto cargo vigente encarcelado por el escándalo "Lava Jato" en América Latina.

La constructora brasileña admitió que pagó US$ 29 millones en sobornos a cambio de obras públicas en Perú entre 2005-2014 y que en Ecuador desembolsó ilegalmente US$ 33,5 millones entre 2007 y 2016.

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