Keiko Fujimori y otras 23 personas son investigadas por ser parte de una "organización criminal" de lavado de activos realizado al interior de Fuerza Popular. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)
Keiko Fujimori y otras 23 personas son investigadas por ser parte de una "organización criminal" de lavado de activos realizado al interior de Fuerza Popular. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio)

La líder opositora peruana Keiko Fujimori pidió la libertad de cuatro asesores de su círculo más cercano, que son investigados también por el caso de presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña electoral.

"Cuatro personas se encuentran aun injustamente detenidas, espero que en los próximos días o horas se tome la misma decisión correctiva que se tomó con nosotros", dijo la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un día después de recuperar su libertad.

Entre los cuatro resaltan sus dos asesores principales en su partido Fuerza Popular (derecha populista): Ana Hertz y Pier Figari.

Según la prensa local, ambos urdieron la trama de camuflar los supuestos fondos de Odebrecht a través de aportes ficticios de ciudadanos comunes. En los últimos tres años, la fiscalía ha ido desmontando este andamiaje.

Además están detenidos el empresario Vicente Silva Checa y la exsecretaria de Keiko, Carmela Paucará.

Silva Checa es sindicado como un asesor en la sombra de Keiko. Estuvo preso luego de la caída del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000 por sus vínculos con Vladimiro Montesinos, eminencia gris de ese régimen.

Paucará fue comprendida en la investigación porque era la secretaria personal de Keiko y la encargada de su agenda. "Sabe quién entraba y salía del local (partidario), y hasta ahora lo hace", dijo un testigo protegido de la fiscalía citado por el diario La República.

Los cuatro cumplen desde el lunes una orden de detención preliminar por 10 días.

La fiscalía les imputa ser parte de la cadena que usó la "estructura" del partido para canalizar aportes ilegales de Odebrecht a la campaña de Keiko.

Keiko es acusada de haber recibido de Odebrecht US$ 1.2 millones para financiar su campaña del 2011, que ganó su rival Ollanta Humala.

Ella alega inocencia y dice que es víctima de una "persecución política".