El juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, reprogramó para el martes 19 de noviembre la audiencia para evaluar el pedido del fiscal José Domingo Pérez de incluir a Fuerza Popular en la investigación del caso Cócteles.
Al inicio de la audiencia, la excongresista Martha Chávez se presentó como apoderada de Fuerza Popular. La fujimorista solicitó al juez Zúniga suspender la sesión, ya que el abogado del partido, Juan Carlos Alarcón, está con descanso médico de dos días.
Sin embargo, Pérez cuestionó que se pretenda aplazar la audiencia, pues el partido informó que cuenta con cuatro abogados en el proceso.
Para el magistrado se trataría de una acción dilatoria y de entorpecimiento del partido fujimorista.
“En la carpeta fiscal no solo se encuentra apersonado el abogado Juan Carlos Alarcón, sino también con escrito de 29 abril de 2019, Angie Gonzáles Rojas; con escrito de 31 de mayo 2018, Oscar Solis Yataco, y si sumamos la presencia de Martha Chávez, son cuatro abogados”, señaló.
Chávez manifestó que solo acudió a la audiencia en calidad de “interconsulta” y el abogado del partido y especializado en derecho penal es Juan Carlos Alarcón.
Tesis fiscal
Según el fiscal Pérez, Fuerza Popular sería una organización criminal que tenía como finalidad obtener poder político a través de su participación en las elecciones del año 2011.
Para este fin, según Pérez, Keiko Fujimori estuvo al frente de una operación para que el partido recibiera un aporte de US$1.2 millones de Odebrecht dinero que provenía de actos de corrupción.
A cambio de este aporte, de llegar al poder, Fujimori y el partido entregarían a la constructora brasileña "la ejecución de obras sobrevaloradas; en el Poder Legislativo, beneficios normativos, ineficacia en el control o fiscalización y algún tipo de interferencia o favorecimiento judicial”.
