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El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, notificó al Poder Judicial que ya terminó su investigación contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presuntamente haber recibido aportes ilegales en sus campañas presidenciales anteriores de parte de diversas fuentes, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht.
En concreto, presentó la acusación fiscal contra Keiko Fujimori -candidata de Fuerza Popular- y otras 41 personas, dos de ellas jurídicas (Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces SAC), a los que se le acusa por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
“Es sólido [el caso], como es sólido todos los extremos de la acusación que la fiscalía está planteando. Estamos ante una organización criminal que, precisamente, ha realizado modalidades criminales y hemos presentado esto cargos para que sea el Poder Judicial quien los evalúe, con las garantías que merecen todos los acusados”, afirmó ante la prensa el fiscal José Domingo Pérez responsable del caso.
El fiscal dijo que los delitos previos para sostener su acusación contra Keiko Fujimori y otros por lavado de activos, organización criminal y otros, provienen de los delitos previos de corrupción, fraude en la administración y tráfico de drogas.
De acuerdo al documento -a la accedió Gestión- la fiscalía pide la disolución y liquidación de Fuerza Popular así como la imposición de penas privativas de 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori y los otros implicados.
“Esperamos que el Poder Judicial pueda llevar a cabo las audiciones correspondientes a la etapa intermedia y poder prontamente estar en la etapa de juzgamiento”, señaló el fiscal.
La denuncia también solicita la prohibición en la comunicación de los acusados con otras personas, tales como congresistas, magistrados, funcionarios de los órganos electorales, entre otros.
Y que se prohíba la emisión de comunicados en redes sociales por parte de la candidata que incite a agresiones.
“Lo que develan [estas manifestaciones] es un desprecio a los funcionarios que cumplen con su función de perseguir el crimen y acusar. Soy fiscal que persigue el crimen y mi obligación es acusar cuando hay la comisión de un crimen que es delito”, enfatizó.