Justicia de Río de Janeiro ordena investigar posible corrupción en obras olímpicas

(AFP) Un juez de Río de Janeiro ordenó al concejo municipal abrir una investigación para determinar si se cometieron irregularidades en los contratos firmados por la alcaldía para obras de los Juegos Olímpicos con constructoras implicadas en el megaescándalo de corrupción en Petrobras.

Un concejal de la oposición había solicitado hace dos semanas la apertura de la comisión, pero no fue aceptada por el presidente de la cámara, aliado del alcalde de Rio, Eduardo Paes, por considerar que no había un "hecho determinado" a investigar.

Pero el juez Eduardo Antonio Klausner consideró que "los hechos sobre los que incidirá la investigación están muy bien determinados: las obras de realización para los Juegos Olímpicos y las derivadas del Proyecto Porto Maravilha", un inmenso proyecto de reforma de la zona portuaria, según una nota del tribunal.

"Según el requirente, la 26ª fase de la Operación Lava Jato (que investiga el caso Petrobras), llevada a cabo por la Policía Federal y el Ministerio Público Federal investigan indicios de 'pagos indebidos envolviendo la dirección de las constructoras responsables por innumerables obras, incluyendo las realizadas en el proyecto del Porto Maravilha'", añadió el comunicado.

Hace meses que el multimillonario fraude a Petrobras bordea las faraónicas obras olímpicas, hasta ahora fuera del escándalo.

Según el diario Folha de Sao Paulo, un 70% de los trabajos habrían recaído en constructoras implicadas en la trama corrupta, acusadas de pagar sobornos a directivos de la petrolera estatal y a políticos para obtener licitaciones.

Una de las obras bajo sospecha es el Porto Maravilha, donde se construyó una hermosa plaza frente a la bahía y un museo proyectado por el arquitecto español Santiago Calatrava.

A 114 días de que Río inaugure los primeros Juegos de Sudamérica, Brasil se encuentra sacudido por una severa crisis política que pone en duda quién gobernará el país cuando la llama olímpica llegue al Maracaná el 5 de agosto.

Mientras el proceso de impeachment que amenaza el mandato de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de haber maquillado las cuentas públicas, avanza en el Congreso, la operación Lava Jato que investiga el expolio a Petrobras sigue su curso, después de haber llevado a la cárcel o sentado en el banquillo a buena parte de la élite económica y política del país.