El magistrado Manuel Chuyo, del sistema especializado en corrupción, declaró procedente el pedido de la Fiscalía para tramitar la extradición, cuya solicitud a Estados Unidos queda pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Perú.
Salazar está imputado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en agravio del Estado por la concesión a Odebrecht de la Vía de Evitamiento de la ciudad sureña del Cuzco.
La Fiscalía incautó en setiembre del 2017 una cuenta bancaria con más de US$ 1 millón a nombre de Salazar, quien desde mayo del 2017 tiene en su contra una orden de captura internacional y un requerimiento de prisión preventiva por 18 meses.
El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica, implica en Perú a la primera línea de la política peruana por los sobornos que la constructora brasileña pagó a funcionarios para adjudicarse millonarios contratos en obras públicas entre el 2005 y 2014, y por financiar de manera irregular las campañas electorales de sus líderes políticos