El pasado 10 de octubre el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había dictado 34 meses de prisión preventiva contra José Luna Morales. (Foto: Jesús Saucedo / @Photo.GEC)
El pasado 10 de octubre el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había dictado 34 meses de prisión preventiva contra José Luna Morales. (Foto: Jesús Saucedo / @Photo.GEC)

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró fundado en parte recurso de la defensa de José Luna Morales y revocó la resolución que le impuso 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

El colegiado ordenó su inmediata libertad siempre y cuando no exista otra orden de detención, y le impuso comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 18 meses, y el pago de una caución de S/ 500,000 que debe ser abonada en el término de 8 días.

Para la decisión se consideró que Luna Morales ha estado sometido a la investigación desde que esta se inició y se entregó voluntariamente a la autoridad una vez que tomó conocimiento de la orden de prisión preventiva.

Del mismo modo el tribunal concluyó que el peligro de fuga puede ser conjurado con la imposición de otras medidas coercitivas de carácter personal menos gravosas a la libertad ambulatoria del investigado.

Como se recuerda, el pasado 10 de octubre el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional había dictado 34 meses de prisión preventiva contra el virtual regidor de la Municipalidad de Lima.

Luna Morales es sindicado por el supuesto pago de sobornos para inscribir al partido Podemos Perú ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Fue detenido luego de brindar una entrevista en una radioemisora.

Según la tesis fiscal, la organización delictiva habría captado al exfuncionario de la ONPE José Luis Cavassa con el propósito de que inscriba irregularmente a Podemos Perú. Además, que también habría tenido injerencia en miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El Ministerio Público sostiene que se habría pagado a los exintegrantes del CNM Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez para que direccionen el proceso de selecciones de la ONPE en el 2017 y se dé como ganador a Adolfo Castillo Meza.

De acuerdo con el Ministerio Público, el objetivo del nombramiento de Castillo Meza como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales era lograr la inscripción fraudulenta de Podemos Perú.

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