Jorge Muñoz defiende contratación de abogado implicado en caso Lava Jato

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, dijo creer en la inocencia del abogado Mario Castillo Donayre, mientras no se demuestre lo contrario, luego que se abriera la investigación contra el letrado por presuntamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en laudos arbitrales.

Desde el Rímac, el burgomaestre explicó que a Castillo Freyre lo contrató la Municipalidad de Lima por tratarse de un abogado de primer nivel y de talla internacional. Muñoz Wells precisó que el hecho que se haya indagado al abogado junto a un grupo de gente, no significa que tenga un ilícito en su haber.

“Nosotros hemos contratado un estudio de abogados de talla internacional justamente para defendernos de los arbitrajes que tenemos tanto en Washington como en algunos otros lugares en París, y contratamos un estudio de abogados americano, este nos sugirió, a su vez, contratar a un experto, en temas legales, y el experto es el señor Castillo”, acotó Jorge Muñoz.

“El señor Castillo fue árbitro, no de Odebrecht, ni de otra de las empresas que haya estado en la lista de empresas cuestionadas. Fue un árbitro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entonces lo han puesto dentro de una bolsa de gente que está siendo indagada, pero eso no significa que tenga un ilícito en su haber”, señaló.

De acuerdo al portal La Mula, la comuna capitalina informó que el pasado 18 de marzo ante la Sesión Extraordinaria de Concejo, el estudio de abogados Foley Hoag recomendó la contratación de Mario Castillo Freyre a fin de que elabore un informe legal respecto al arbitraje internacional entre el municipio y la concesionaria Rutas de Lima, que conforma Odebrecht.

El abogado es uno de los árbitros que es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber favorecido a la constructora brasileña a través de laudos arbitrales que habrían permitido a la referida empresa recibir millonarios pagos de Estado peruano.

Rutas de Lima con el arbitraje busca una compensación económica establecida en el contrato por la no implementación de la unidad de peaje Chillón sentido Lima-Norte. De acuerdo al consorcio, hasta el 31 de octubre del 2018, se ordena el pago de más de S/142 millones; no obstante esta cifra se continúa acumulando hasta la fecha.