El congresista Omar Chehade dirige la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. (Foto: GEC)
El congresista Omar Chehade dirige la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. (Foto: GEC)

El abogado constitucionalista Javier Alonso de Belaunde renunció al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso, liderada por Omar Chehade (Alianza para el Progreso), al considerar que las reformas aprobadas por el pleno el último domingo suponen “una afectación grave” a los principios de la democracia.

“Ante la reciente aprobación por parte del Parlamento de una reforma constitucional que contraviene los parámetros básicos de una debida deliberación y que supone una afectación grave a los principios constitucionales de democracia, gobernabilidad, balance y control del poder, me veo en la obligación de dirigirle la presente a fin de comunicarle mi renuncia al consejo consultivo de la comisión que preside”, indica el documento.

Esta se suma a las de los expresidentes del Tribunal Constitucional César Landa y Óscar Urviola, así como la del exprimer ministro Pedro Cateriano.

El oficio enviado por Cateriano al titular de la Comisión de Constitución, no detalla los motivos de su renuncia. “De mi consideración, renuncio al Consejo Consultivo de la comisión que usted preside”, indica.

Por su parte, Óscar Urviola consideró incompatible su afán por la “consolidación del Estado Constitucional y Democrático de Derecho” con las decisiones tomadas en el pleno.

Finalmente, César Landa precisó que para que una reforma constitucional sea válida debe respetar los límites de las sentencias existentes.

“La decisión de la mayoría parlamentaria el último domingo no solo ha desconocido que el Congreso no es un poder constituyente sino un poder constituido y que las reformas constitucionales para ser válidas deben respetar los límites constitucionales formales y materiales explícitos en sentencias establecidas en el TC”, refiere su documento de renuncia.

Como se recuerda, el pleno del Legislativo aprobó una reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero modificar un artículo para que ningún legislador pueda ser procesado por actos en el ejercicio de su función. En el mismo dictamen, se elimina el antejuicio que tienen el presidente de la República y ministros, y se retira la inmunidad de los magistrados del TC y el Defensor del Pueblo.