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Irregularidades en Chinchero y Tren Eléctrico podrían quedar impunes

Aún TC no aclara su fallo sobre la suspensión de la capacidad sancionadora de la Contraloría, lo que pone en riesgo fiscalización a funcionarios. Ya vencieron un total de 110 casos.

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Las presuntas irregularidades de funcionarios halladas por la Contraloría a las construcciones del Aeropuerto de Chinchero, Tramo 2 del Tren Eléctrico, y otros casos emblemáticos, podrían quedar impunes (ver tabla).

El presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, César Aguilar, señaló que eso ocurrirá mientras el Tribunal Constitucional no resuelva el pedido de aclaración de alcances de la sentencia que suspendió la capacidad sancionadora de la Contraloría.

En entrevista con Gestión, cuestionó que el fallo del TC haya sido emitido el 28 de abril del 2018 y recién fue notificado a la Contraloría el 26 de abril del 2019, un año después.

Indicó que el 13 de junio envió un escrito al presidente del TC, Ernesto Blume, para que dé prioridad a la aclaración, pero hasta hoy no hay ninguna respuesta oficial.

¿Cuáles son los riesgos?
Aguilar señaló que la Contraloría se encarga de sancionar administrativamente a los funcionarios que han incurrido o incurran en inconducta funcional, pero con el fallo del TC, los procesos sancionadores están congelados. Es decir, se podrán detectar las irregularidades, pero no habrá sanción para los responsables. “¿Por qué esa desidia del TC de no combatir la lucha contra la corrupción?”, cuestionó.

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Casos vencidos y en peligro
El portavoz de la Contraloría reveló que ya 110 funcionarios quedaron impunes de sanción en mayo y junio. Esto representa más de S/ 28 millones de perjuicio económico al Estado. En julio, podrían salvarse 65 funcionarios que causaron un perjuicio por S/ 9 millones.

Entre los casos emblemáticos se encuentran la Costa Verde (Callao), licitada a Odebrecht, que vence en agosto y Chinchero, que caduca el 10 de enero del 2020.

Otras consecuencias
Agregó otra consecuencia negativa para la institución, ante la falta de aclaración del TC, es que 151 funcionarios que ya fueron sancionados solicitaron la anulación de la medida impuesta.

Dijo que estas personas apelan a la retroactividad, pues al no haber una aclaración, “algunos critican por qué fueron sancionados, si ahora las infracciones sancionadoras de la Contraloría son inconstitucionales”.

Hay casos en el Minedu, Minsa, Mincetur, universidades nacionales, gobiernos regionales y otras instituciones. “Si no les concedo la nulidad, irán por una acción de amparo al Poder Judicial y se generará más gasto al Estado en la litigación”, anotó.

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