Tras la orden del juez Ary Terrones Meléndez que devolvía el control de la empresa Agroindustrial Tumán al Grupo Oviedo, trabajadores y residentes del sector manifestaron su rechazo a través de protestas. ¿Qué hay detrás de este problema legal?

El juez Ary Terrones Meléndez, titular del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, le reconoció a la empresa Coali SAC la existencia de una supuesta deuda a su favor por casi S/ 12 millones que, en teoría, le prestó a Agroindustrial Tumán en forma de adelantos de dinero a cambio de azúcar, según detalla Cuarto Poder.

El viernes, el juez recibió una pericia contable financiera que arrojaba que Agroindustrial Tumán no había pagado nada de la deuda con Coali SAC, por lo que Coali tenía total derecho de entrar a administrar Tumán, hasta cobrarse los casi S/. 12 millones que le prestó. 

Las partes legales implicadas en este litigio son dos: la empresa Coali, que pertenece al Grupo Oviedo, y Agroindustrial Tumán, cuyo directorio es presidido por Antonio Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril. Es decir, entre la empresa de Oviedo y el directorio de Becerril, que en Tumán y en Pomalca ve los intereses del Grupo Oviedo, discutirán si la deuda se pagó o no se pagó. 

Deuda ficticia

Cuarto Poder señaló, además que, los trabajadores recién fueron admitidos como parte de este pleito legal. Por ello, Alejandro Zevallos será el representante ante el Primer Juzgado que despacha Ary Terrones. Según él, la deuda no se ha pagado ni se va a pagar porque, sencillamente, no existe.

En un inicio, la deuda fue de S/ 37.9 millones y el primer supuesto prestamista, la empresa D’Líbano, forma parte de la red empresarial del Grupo Oviedo. Posteriormente, el derecho de la deuda pasó a manos de la firma Coali SAC y, actualmente, la suma asciende a S/ 12 millones.  

Para defender el carácter ficticio de la deuda, los trabajadores presentarán al Primer Juzgado un balance contable y dos pericias de los años 2007 y 2008 en las que no figura ninguna obligación de pago ni con D’Líbano ni con Coali. También presentarán copia de una carta notarial del ex contador general de la administración judicial de la azucarera, que entre el 2006 y el 2015, durante nueve años, estuvo a cargo de la empresa D´Líbano.

En la carta, remitida a la auditora Vera y Asociados en diciembre del 2015, el ex contador general dice: “No tengo conocimiento de la existencia de la referida deuda entre ambas empresas -en referencia a Agroindustrial Tumán y D´Líbano- ni está contabilizada en libros contables, ya que no hemos recibido los justificantes contables que validen el registro de esta transacción”. 

Además del negocio del cobro de las acreencias referidas, el Grupo Oviedo también controló el negocio de la venta del azúcar producida en esta planta. Según un dictamen pericial contable del año 2007, apenas un año después de que el Grupo Oviedo asumiera el control de la azucarera, las empresas Shema SAC, Mega Supermayorista SAC y la propia D´Líbano, compraban el 99% del azúcar producida, para venderla a mejores precios en el mercado nacional. 

Es decir, Oviedo y su grupo estuvieron en el lado de la producción, controlada por la administración judicial de D´Líbano, del Grupo Oviedo y en el lado de la venta del azúcar que se producía en la fábrica de Agroindustrial Tumán. 

Por otro lado, en Tumán la policía es señalada por supuestamente recibir favores del Grupo Oviedo y de otros. Por el ejemplo, este memorándum de Agroindustrial Tumán, de octubre del 2017, da cuenta de que una administración anterior aprobaba una supuesta “donación especial” a la Policía de 2 mil bolsas de azúcar rubia “por el apoyo” brindado por los efectivos.