:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Q6TFIHHUDFBCXLGZZ4Q4L7HDVM.jpg)
Es oficial. Augusto Baertl, presidente del directorio de la constructora ex Graña y Montero, afirmó que la empresa entrega información a la Fiscalía sobre los ilícitos que cometieron en los casos Interoceánica, Metro de Lima, Gasoducto Sur y Club de la Construcción.
“La responsabilidad penal no le corresponde a la empresa, sino a las personas”, comentó en RPP Noticias.
Justamente, la constructora informó el 29 de noviembre del año pasado que suscribió un acuerdo de colaboración eficaz con el fiscal Germán Juárez y el procurador ad hoc Jorge Ramírez.
En consecuencia, la empresa indicó que en cumplimiento del convenio se desistió de la solicitud de arbitraje ante el Ciadi para la recuzeración de las inversiones en el Gasoducto Sur Peruano.
¿Y la reparación civil?
Gestión informó que la ex Graña y Montero seguirá los mismos pasos de la constructora Odebrecht.
En el convenio se fijará una cifra de reparación civil que deberán pagar por los delitos que reconozcan ante el fiscal Juárez, encargado de investigar al Club de la Construcción (Gestión 30.12.2019).
Augusto Baertl fue consultado ayer en RPP sobre si la empresa pagará reparación civil por los daños causados al Estado.
El ejecutivo indicó que, hasta el momento, hay US$ 90 millones en el fideicomiso que está custodiado en el Ministerio de Justicia. Este dinero es una garantía de la reparación civil que pagará la firma, de acuerdo a la Ley 30737 que incentiva la colaboración eficaz a empresas involucradas en actos de corrupción.
“Como responsabilidad civil de la compañía, pero potencialmente podría ser compartida entre la empresa y las personas se ha provisionado una cantidad de US$ 90 millones”, explicó.
Baertl añadió que esta sería la eventual reparación civil que pagará la ex Graña y Montero hasta que en el convenio final de colaboración eficaz se fije el nuevo monto.
Estimó que a más tardar este acuerdo de colaboración eficaz corporativo se suscribirá en el mes de marzo con la Fiscalía y Procuraduría.
Fuentes judiciales confirmaron lo señalado por el empresario, pues ya en el siguiente mes se debería cerrar el convenio.
Cambio de imagen
En otro momento, Augusto Baertl pidió perdón a nombre de la ex Graña y Montero por los hechos de corrupción perpetrados por la empresa en el pasado y anunció que en dos meses se conocerá su nuevo nombre, tal como lo había adelantado a este diario (Gestión 29.11.2019).
Al ser consultado si van a poder licitar con el Estado, tras la firma del acuerdo, señaló que eso dependerá de las negociaciones con la Procuraduría.
“No estamos apostando por ninguna obra con el Estado”, anotó. Baertl había señalado a este diario que el Estado ya no era un buen cliente.
Para recordar
Confirmación. La Junta de accionistas de la ex Graña y Montero acordó ratificar, en sesión realizada el 3 de febrero, la decisión de concretar un “acta de entendimiento mutuo para la culminación del procedimiento de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato”.
Dicha información fue comunicada por Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general de la compañía, a la Superintendencia del Mercado de Valores. Asimismo, dieron a conocer a la entidad sobre un plan de transformación de la compañía por el cual esta dejara de usar el nombre “Graña y Montero”, entre otros temas.