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La secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Susana Silva, anunció que el Ejecutivo emitirá una norma que regula por primera vez la en el sector privado y que considerará como delito el accionar de una persona en perjuicio de la propia empresa.

"Es un decreto ley importante que está ad portas de salir, se revisó las últimas versiones y se consensuó con el sector privado, hay que tener la opinión de este sector porque va a regular una modalidad de que se da en el ámbito privado", afirmó.

Explicó que será considerado como corrupción cuando, entre privados, una determinada persona actúa en perjuicio del interés de la propia empresa buscando beneficiar a una tercera o terceras personas.

"Eso no estaba tipificado como corrupción, pero ahora se hace, la idea es que el sector privado tenga herramientas para denunciar cuando hay personas que, en perjuicio del interés de la propia empresa, actúan en confluencia con terceros", sostuvo.

Gobierno también regulará lobby

En declaraciones a la Agencia Andina, Silva anunció también que el Ejecutivo emitirá otra norma que especifica y regula la gestión de intereses, conocido como , actividad vista recientemente, aunque con características ilegales, en los audios que comprometen a jueces, fiscales y exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La funcionaria explicó que sobre este tema no existe una regulación, por lo cual harán precisiones para esclarecer en qué supuestos las visitas a funcionarios es una gestión de intereses.

Anteriormente, indicó, se ha emitido un decreto que por primera vez obliga a los miembros del Ejecutivo a presentar la declaración de intereses. Actualmente, está en elaboración la base de datos para hacerla de conocimiento público.

"Estamos bastante claros que debemos ir con reformas de fondo tanto en el tema de corrupción como en la administración de justicia y en reformas políticas", apuntó.

Lo que debes saber

La Secretaría de Integridad Pública es el órgano del Ejecutivo responsable de ejercer técnicamente la rectoría de la política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

También está entre sus funciones desarrollar los mecanismos e instrumentos para prevenir y gestionar los riegos de la corrupción con el objeto de orientar la correcta actuación de los servidores civiles y entidades públicas en la lucha contra la corrupción.