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Gobierno prohibirá a policías y militares brindar servicios de seguridad privada

El Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso en el que regula los servicios de seguridad privada. Se plantea sanciones de hasta 5 UIT para personas naturales que realicen esta actividad sin autorización

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Ver a policías uniformados cuidando negocios privados llegará a su fin. El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley en el que busca regular la seguridad privada en el que se prohíbe a policías y militares brindar este servicio.

El planteamiento del gobierno señala expresamente que el personal policial y militar que se encuentra en actividad está prohibido de desarrollar el servicio de seguridad privada en cualquiera de sus modalidades.

Según el proyecto, son siete las razones por las que se prohibirá a policías y militares a que trabajen como seguridad privada. El primero es que los policías en sus días de franco estarían utilizando armas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

También se señala que las empresas privadas no informan que contratan policías como seguridad privada y por ello no se tiene información exacta de cuántos efectivos tienen esta actividad en sus días de franco o vacaciones.

Otra de las explicaciones que no existen convenios institucionales entre la PNP y las empresas para ofrecer este servicio y que al contratar policías, el Estado estaría subsidiando la seguridad privada de empresas particulares, entre otros.

Incluso se plantean multas monetarias que llegan hasta las 5 UIT para las personas naturales que a pesar de estar prohibidos de hacerlo, brinden el servicio de seguridad privada. En el caso de las empresas la multa por incumplimiento de la ley sería de hasta 50 UIT.

De acuerdo con el documento, actualmente existen 772 empresas que ofrecen el servicio de seguridad privada y se estima que para el año 2020, esta cifra subirá a 1,200.

La iniciativa del gobierno tiene un capítulo especial sobre la seguridad que deben tener las empresas del sector financiero en sus oficinas.Para ello coordinarán tanto la SBS, como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), que será la responsable del control de todas las empresas y personas que ofrezcan el servicio.

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