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Gobierno pide facultades para legislar en seguridad ciudadana por 120 días

Se buscan adoptar medidas para la lucha contra temas que van desde el sicariato hasta el tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

El pedido de delegación de facultades en temas de seguridad ciudadana se suma al pedido que hizo para temas económicos.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley en el que solicita facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado por un período de 120 días.

El proyecto de ley detalla que el Poder Ejecutivo estará facultado para legislar en temas vinculados a fortalecer la seguridad ciudades, lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, en especial para combatir el sicariato, la extorsión y el tráfico ilícito de drogas e insumos químicos.

Sin embargo, el Gobierno también busca resolver temas como la usurpación y tráfico de terrenos y la tala ilegal de madera.

Además busca legislar en la supervisión, gestión y control migratorio; fortalecer el control del tránsito y del transporte; así como de los servicios aduaneros, puertos y aeropuertos.

Otro de los objetivos del gobierno es adoptar medidas para fortalecer los servicios de seguridad privada y el uso de los sistemas de video vigilancia y radio comunicación.

También se propone potenciar la capacidad operativa, organización, el servicio policial y el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Promover y fortalecer el sistema penitenciario nacional en materia de infraestructura, salubridad, seguridad, ejecución penal, concesiones, vigilancia y control; así mismo, mejorar el marco regulatorio de la delincuencia juvenil", añade el proyecto de ley.

El Gobierno busca además optimizar el sistema nacional de los registros públicos, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros.

Finalmente está fortalecer el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, con especial énfasis en el aseguramiento del pago de las reparaciones civiles por delitos en agravio del Estado.

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