:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/5UFVNRDSFZADBHN7R3GTWKKYMY.jpg)
Andina.- El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, descartó que la propuesta para instaurar la "muerte civil" sea un mecanismo de persecución política, y subrayó que su objetivo es que los sentenciados por corrupción paguen la reparación civil al Estado.
"Son mecanismos que existen en este momento en las leyes de reestructuración para las empresas y lo que estamos haciendo es básicamente que también funcione para cobrar las deudas a favor del Estado, no hay ninguna persecución política", declaró a la agencia Andina.
La iniciativa, que se encuentra en la Comisión de Justicia del Congreso, plantea que los sentenciados por corrupción con pago de reparación, no puedan efectuar ninguna acción civil como obtener préstamos o firmar contratos, hasta cancelar su deuda con el Estado.
Jiménez reiteró que, de aprobarse, el proyecto legislativo establecerá que quien no pague sus reparaciones civiles con el Estado será inscrito en las centrales de riesgo, de tal manera que no pueda realizar transacciones bancarias, hasta cumplir con sus obligaciones.
"Es una suerte de quiebra de orden personal por deber dinero al Estado por delitos de corrupción. La Ley de Muerte Civil es una herramienta muy poderosa porque golpea al corrupto en dónde más le duele: el bolsillo", subrayó.
Refirió que hay más de 1,000 millones de nuevos soles por cobrar por concepto de reparaciones civiles a personas sentenciadas por delitos de corrupción.
"Hemos encontrado casos de personas sentenciadas por corrupción y que tienen su sistema crediticio en verde con posibilidades de obtener créditos", remarcó.
Asimismo, recordó que esta iniciativa ya se había presentado cuando era ministro de Justicia, tras haberla elaborado dentro de las políticas de lucha contra la corrupción.
"Estoy muy satisfecho de que el presidente de la República haya manifestado este tema en su mensaje a la Nación y además muy satisfecho por la acogida que ha tenido en la opinión pública", anotó.
El actual proyecto legislativo plantea modificaciones al Código Penal y se discutirá en la Comisión de Justicia del Parlamento.