Redacción Gestión

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Bogotá (Reuters).- El Gobierno de Colombia y las FARC evidenciaron el sábado nuevas diferencias sobre la agenda que en la negociación de paz con la que buscan poner fin al conflicto interno que agobia al país sudamericano desde hace casi cinco décadas.

Inicialmente, las izquierdistas ) dijeron en un comunicado expedido desde La Habana que aunque existe una agenda delimitada, en el preámbulo del acuerdo permite abordar temas sociales y políticos que son la causa de la confrontación.

"Necesario es que al hacer una interpretación de la agenda o del conjunto del acuerdo, con paciencia y acudiendo siempre al factor de inspiración que son los anhelos de justicia y reconciliación del pueblo colombiano, optemos por no descontextualizar y no delimitar insertando visiones personales del asunto", sostuvo el grupo rebelde.

Pero horas después el presidente Juan Manuel Santos dijo en un acto de Gobierno que el éxito de la negociación de paz dependerá en gran medida de que las FARC cumplan con la agenda acordada.

"Iniciaremos en unos días las conversaciones con las FARC en Cuba, donde espero que si cumplen lo que han prometido, de ceñirse a la agenda que se convino y se firmó, podremos ojalá por fin después de 50 años, decirles a los colombianos: hay paz en el país", afirmó el mandatario.

Las dos partes acordaron bajo el principio de "nada está acordado hasta que todo esté acordado" discutir políticas de desarrollo agrario, garantías para el ejercicio de la oposición política, el fin del conflicto, la solución del narcotráfico y la compensación a las víctimas.

Diferencias previas entre las partesPero hace más de una semana, durante la instalación del proceso en Noruega, el Gobierno y las FARC dejaron en evidencia las profundas diferencias que ambas partes deberán zanjar para lograr un acuerdo y detener el conflicto que cobra miles de vidas.

Las FARC, el grupo rebelde activo más antiguo del hemisferio conformado por unos 8.000 combatientes, plantearon la necesidad de discutir el modelo de desarrollo económico, la doctrina militar y la inversión de las multinacionales en los sectores petrolero y minero.

Pero el equipo negociador del Gobierno rechazó categóricamente incluir esos temas en la negociación, sostuvo que no hacían parte de la agenda y que para discutirlos las FARC deberían dejar las armas, hacer política y ganar las elecciones.

El naciente proceso es el primer intento en más de una década por encontrar una solución a una confrontación que además de la violencia limita el crecimiento de la cuarta economía de América Latina, que vive un auge en los sectores petrolero y minero sustentado en la inversión extranjera.

En la última década, bajo el Gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, las autoridades colombianas lanzaron una ofensiva militar que arrinconó a la guerrilla en zonas montañosas y selváticas, mientras muchos de sus comandantes murieron en desarrollo de la misma.

Pese a los duros golpes recibidos en los últimos años, que incluyeron la deserción de miles de combatientes, la insurgencia no fue derrotada y Santos, quien ha continuado la ofensiva militar que inicio Uribe, autorizó conversaciones secretas sin detener las operaciones contra los rebeldes.

Las FARC, consideradas como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, surgieron en la década de 1960 como un grupo de campesinos que reclamaba una reforma agraria.

Pero con el paso de los años se convirtieron en una poderosa máquina de guerra que según analistas y fuentes de seguridad, se financia con dinero del narcotráfico.

La ronda de conversaciones que tendrá lugar en La Habana a partir del 15 de noviembre, intentará poner fin a una larga racha de fracasos para terminar un conflicto, que en ocasiones ha provocado tensiones en las relaciones de Bogotá con sus vecinos por la presencia de rebeldes en zonas fronterizas.

Las conversaciones se realizarán en medio de la confrontación ante la negativa del Gobierno de Santos de negociar una cese al fuego con las FARC en la fase inicial del proceso de paz.