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Mientras se difundían las declaraciones de Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, a manera de respuesta, el Gobierno publicó una directiva con el fin de elevar los estándares de transparencia respecto a las visitas que reciben los funcionarios.
Se trata de la creación de un registro de reuniones que mantienen los servidores públicos con gestores de intereses, más conocidos como lobistas.
De acuerdo a la directiva, se tendrá que especificar a través del Registro de Visitas en Línea o Registro de Agendas los detalles de las sesiones.
Por ejemplo, nombre del lobista, precisión si representa a una persona natural o una persona jurídica, motivo de la reunión, nombre del funcionario que recibe la visita, lugar de la sesión, así como hora y salida del gestor de intereses.
“Dicho registro se efectúa con posterioridad a la realización del acto de gestión de intereses y debe ser firmado digitalmente por el funcionario con capacidad de decisión”, reza el oficio.
Delegación
En el documento también se especifica que en caso el funcionario que inicialmente se iba a reunir con el gestor de intereses, no puede hacerlo, está facultado de delegar que otra persona en su reemplazo pueda atender al visitante.
Para ello, en el Registro de Visitas en Línea se debe detallar el delegamiento de funciones del funcionario inicial.
Otro detalle importante de la disposición es que no se permitirá el pase del lobista al recinto si es que previamente no es identificado.
“El operador del Registro de Visitas en Línea es responsable de programar y validarla visita que recibe o atiende el funcionario y/o servidor público visitado o responsable”, detalla el documento.
¿Cuándo será su implementación? En el caso del Poder Ejecutivo, tienen hasta 31 de agosto como máximo para subir la información de reuniones de funcionarios con lobistas.
En el caso de otras entidades adscritas al Gobierno como Osinergmin, Osiptel, Ositran, entre otros, tienen hasta el 31 de diciembre para registrar las visitas.
En el caso del Parlamento, Poder Judicial y otros organismos autónomos cuentan con tiempo hasta el 31 de diciembre de 2023 para transparentar la información.
Utilidad
Para el abogado penalista Carlos Caro, más que un intento de lucha contra la corrupción, la directiva del Gobierno parece un saludo a la bandera, pues ya existe una ley con reglamento sobre la gestión de intereses.
“Parece que es oportunismo político, más que un tema técnico que fomente una lucha contra la corrupción. Es una respuesta a los escándalos de los últimos tiempos”, declaró a Gestión.
Sostuvo que la directriz no trae consecuencias penales para los funcionarios. No obstante, si no se cumple, habría el delito de omisión de funciones.