Fuerza Popular
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A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido Fuerza Popular exigió al Poder Judicial cautelar los intereses del Perú tras la firma del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña ayer en la ciudad de Sao Paulo.

Precisó que el acuerdo se firmó "pese a las serias observaciones y cuestionamientos por la falta de transparencia y de una defensa adecuada a los intereses del país frente a los de una empresa responsable de grave corrupción y agravio al Perú".

"Según ha trascendido, en el referido acuerdo se otorgan beneficios desmedidos a la empresa Odebrecht, como son: exclusión de contratos en los que también se habrían producido graves actos de corrupción, reparación diminuta pagada en 15 años y con una irrisoria cuota de interés, renuncia del Estado al cobro de reparación solidaria, autorización para que la empresa continúe desarrollando actividad empresarial en el Perú e impunidad para sus funcionarios: peor aún, la continuación de reclamaciones que tiene contra el Perú ante organizaciones como el CIADI", señaló.

En el documento, Fuerza Popular asegura que no se opone a la suscripción de acuerdos, incluso con responsables de delitos, a fin de "combatir con eficiencia" la corrupción, pero exigió que quienes lo firmen "actúen en todo momento con transparencia y den cuenta a la ciudadanía" de sus implicancias económicas, sociales y legales.

"Más aún, dejamos claro que no habiendo sido gobierno, Fuerza Popular ni ninguno de sus integrantes, tiene relación alguna con los contratos que serán materia del acuerdo", aseveró el partido que lidera la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

Cabe indicar que con la firma de este acuerdo, los delegados de se comprometen a entregar toda la información respecto a los sobornos que pagaron en el Perú en los últimos quince años.

De igual manera, la constructora ratifica su voluntad de pagar una reparación civil de 610 millones de soles en un plazo de quince años.

El Ministerio Público, por su parte, garantiza con la suscripción de este acuerdo que no perseguirá penalmente a los funcionarios de Odebrecht que otorguen información legal, entre otros beneficios afines a las investigaciones.