Fórmula de ajuste de peajes de Lamsac es ilegal, según el Poder Judicial

Jorge Ramírez, procurador anticorrupción, afirmó que la sentencia emitida contra el exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán, Domingo Arzubialde, es sumamente importante ya que determinó que la formula de ajuste de los peajes de Lamsac (de Vía Evitamiento y Línea Amarilla) fue ilegal e indebida, la misma que se mantiene hasta la fecha y fue usada para el reajuste de S/ 5.70.

"Ya existe una condena –que es cosa juzgada– contra Domingo Arzubialde por ajustar mal la fórmula de incremento de las tarifas de los peajes a favor de Lamsac. Esta persona tiene una condena de 4 años e incluso la Sala ya aceptó nuestro pedido de un nuevo juicio de responsabilidad civil", explicó el procurador en Exitosa.

Lo que conllevaría –argumentó– a incorporar a la concesionaria  Lamsac (hoy a manos de la francesa Vinci Highways) como tercero civilmente responsable en este caso. "Actualmente esta solicitud está en manos de la Suprema. Si la Suprema nos da la razón, Lamsac ingresaría como tercero civilmente responsable y pagaría una reparación civil ascendente a  S/ 17 millones por los perjuicios causados entre el 2013 y 2015", precisó.

En ese línea, subrayó que el Poder Judicial ya determinó –con esta sentencia– que a partir de esas fechas ya existía una mala aplicación de la fórmula para determinar los peajes, la misma que se mantiene hasta la fecha en las tarifas que pagan los limeños para Línea Amarilla y las Vías de Evitamiento.

"Esa mala conducta tiene consecuencias hasta la fecha y por eso se paga peaje de S/ 5.70. Por ello es muy importante esta sentencia porque  el Poder Judicial ya determinó que la fórmula del ajuste del peaje fue ilegal e indebida, pero además se mantiene hasta la fecha", manifestó.

Según la acusación fiscal, Arzubialde hizo un reajuste de tarifas del peaje a favor de Lamsac, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor (IPC) desde la suscripción del contrato de concesión –es decir, desde el 12 de noviembre del 2009– hasta el 31 de julio del 2013. Ello, pese a que el cambio debió darse desde el 31 de enero del 2013 hasta el último día del mes anterior al inicio de operatividad del proyecto; es decir, a partir del 5 de octubre del 2013.