Cuando fue por el expremier Fernando Zavala para todo el Gabinete, ante el Congreso, los agentes económicos insistieron en decir que se trataba solo de una "crisis política". Ayer, la calificadora puso en duda esa afirmación.

Para esta agencia, el ruido político prende las alertas a la maniobrabilidad del gobierno sobre las reformas fiscales y las inversiones en infraestructura.

"Las deficientes relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo podría limitar el espacio de políticas para mayores reformas fiscales, no obstante, si los ingresos fiscales no superan las expectativas", indica Fitch Ratings en su último reporte publicado ayer.

INGRESO FISCALUna muestra de ello es que los ingresos han caído a niveles de 18.3% del PBI en 2017, frente a su máximo de 22.8% el 2013. Fitch espera que el gobierno aumente los ingresos para cumplir la meta de consolidación fiscal para volver al superávit presupuestario al 2021.

Fitch Ratings rescata los intentos de elevar el IR y la repatriación de capitales, a fin de ampliar la base imponible, así como resalta las dificultades para reducir la evasión fiscal. Fitch espera que "la administración haga, si es necesario, ajustes de gastos para cumplir con su trayectoria de consolidación fiscal".

En tanto, señala que el gobierno aumentó su objetivo de déficit fiscal a 2.9% del PBI el 2017 y 3.3% para el 2018 a fin de financiar la reconstrucción por El Niño Costero. La deuda y las cargas por intereses proyectados alcanza el 25.6% del PBI y el 6.4% de los ingresos del 2017 (frente al 41% del PBI y el 71% de ingresos para países de 'BBB').

RUIDO POLÍTICOEn ese sentido, la agencia de calificación relata que han sido seis salidas ministeriales del Gabinete durante los 14 meses. Además, menciona la cuestión de confianza negada los primeros minutos de la medianoche del jueves 14 de setiembre.

"Como resultado de la presión del partido mayoritario Fuerza Popular en el Congreso, contribuyendo a la tensión en la política local", comenta la agencia Fitch.

"La inestabilidad del Gabinete podría agravar los retrasos administrativos que han frenado la inversión pública y privada, particularmente en los grandes proyectos de infraestructura de APP, que afectan las expectativas de crecimiento", agrega.