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El Ministerio Público formalizó investigación preparatoria por el delito de cohecho pasivo específico contra el juez superior, Juan Emilio Gonzales Chávez, quien fue intervenido en flagrancia tras haber recibido S/ 4,000 como producto de un presunto soborno.
La medida fue presentada esta tarde ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Como parte de la decisión, el fiscal supremo, Jesús Fernández Alarcón, solicitó que se dicte nueve meses de prisión preventiva contra el magistrado del Poder Judicial.
Como se sabe, Gonzales Chávez, quien se desempeñaba como presidente de la Sexta Sala Superior con Reos Libres de la Corte Superior de Lima, fue intervenido tras presuntamente haber recibido un soborno que formaría parte del pago de S/ 30,000 exigido en dos partes para archivar un proceso contra personas procesadas por el delito de estafa.
La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto supremo encargado de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Jorge Antonio Bernal Cavero, quien llegó al despacho del magistrado ubicado en el edificio del Poder Judicial de la cuadra 5 de la avenida Abancay.
El dinero fue hallado debajo de unos expedientes, donde habría sido colocado momentos después de su entrega. Tras la intervención, se pudo confirmar que coincidían con los billetes que previamente habían sido fotocopiados y rociados de reactivo por las autoridades.
Cabe recordar que, Juan Emilio Gonzales Chávez, fue separado del Ministerio Público en el 2002 por presuntamente ser parte de la mafia fujimontesinista. De acuerdo a informaciones periodísticas, en el 2005, habría estado implicado en el favorecimiento a una aseguradora que intentaba evitar el pago de un cuantiosa suma a la familia de una víctima.
En el 2015, en cambio, ordenó el archivamiento de la investigación que se le sigue a la exprimera dama Nadine Heredia y a sus familiares por presunto lavado de activos, luego de declarar fundado un recurso de hábeas corpus que interpuso la esposa de Ollanta Humala.
La disposición del magistrado contempló también el archivamiento de la investigación contra Antonia Alarcón, madre de Heredia, y de otras personas involucradas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló el fallo y ordeno que las pesquisas continuaran.
En febrero de este año, asimismo, decidió absolver a 14 funcionarios de la primera administración de Luis Castañeda Lossio, en el municipio de Lima, que estaban involucrados en el Caso Comunicore.