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El Ministerio Público solicitó la incorporación como "sujetos investigados" en el caso Interoceánica Sur de las empresas Graña y Montero, JJC Camet, ICCGSA por su presunta participación en la pago de una coima al expresidente Alejandro Toledo para la concesión del citado tramo.

El fiscal Hamilton Castro, responsable de las pesquisas, alegó en la audiencia realizada hoy que existen suficientes elementos que implican en la comisión de delitos de lavado de activos y colusión en agravio del Estado a las citadas compañías dado que se efectuaron  "en el ejercicio de la actividad empresarial".

"Los hechos (que implican a las empresas) tienen dos fase. El primero corresponde al delito de colusión realizado entre el 2004 – 2005. Aquí, se atribuye a los directores haber defraudado al Estado, concertando con el señor Barata (de Odebrecht) y con Alejandro Toledo, con la finalidad de obtener un favorecimiento en el concurso para la concesión de la Interoceánica Sur, a cambio de una millonaria coima en favor Toledo", refirió Castro.

Mientras que el segundo corresponde  al delito de lavado de activos realizado el 2011 cuando los representantes de estas empresas dispusieron un mayor margen de utilidades, bajo el ropaje de riesgos adicionales, a favor de Odebrecht. "La fiscalía sostiene que estos hechos punibles se habrían realizado en el ejercicio de las actividades empresariales",  subrayó Castro.

Por lo que pidió juez Richard Concepcion Carhuancho que se las incluya como parte del proceso de investigación preparatoria por la concesión de la Interoceánica Sur. El juez, luego de escuchar los alegatos de Castro y de los abogados de cada empresa, indicó que en los próximos días emitirá una decisión la que será entregada por escrito.