La fiscal Geovana Mori tomará la declaración de los investigados en la primera semana de agosto. (Foto: Piko Tamashiro)
La fiscal Geovana Mori tomará la declaración de los investigados en la primera semana de agosto. (Foto: Piko Tamashiro)

El evalúa investigar a estudios de abogados por los pagos ilícitos de para adjudicarse el Gasoducto del Sur.

La fiscal del Equipo Especial Lava Jato, señaló que la situación de los estudios jurídicos podría cambiar si en los objetos incautados –durante el allanamiento a 26 inmuebles de la semana pasada– encuentran prueba de ilícitos.

“(Investigarlos) dependerá de la evaluación de la documentación que hemos obtenido”, comentó a Gestión. Dijo que, por el momento, los estudios son solo terceros civiles afectados.

“Los estudios no están dentro del caso, son los abogados los que prestaron los servicios y emitieron los informes, como el señor Jorge Danós (del estudio Echecopar)”, añadió.

¿Por qué los allanaron?
Según la tesis fiscal, Jorge Danós Ordóñez y Ana Reyna Palacios, socios del estudio Echecopar, emitieron una opinión favorable por la descalificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS), sin que concurra alguna causal de transgresión a las bases, que generen la descalificación del consorcio.

“Emitieron una opinión legal en un proceso en el cual el estudio jurídico mantiene vínculos comerciales y empresariales con Enagás, una de las empresas que participó en el concurso público, y a quien benefició con su opinión”, se lee en la resolución que ordenó el allanamiento.

¿Qué se buscaba?
La fiscal Mori afirmó que allanaron los estudios Echecopar, Muñiz y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría porque “estamos buscando vínculos que habrían tenido con Odebrecht”.

“Hemos buscado (también) documentación contable por servicio de asesorías”, manifestó la letrada.

Respecto a la abogada Mariana Simoes, indicó que fue funcionaria de Odebrecht hasta el 2008 y luego socia del estudio Delmar Ugarte.

“Ella (Simoes) habría intercedido para que los abogados de ese estudio emitan un informe para descalificar al consorcio opositor”, anotó. Mariana Simoes es sobrina de Jorge Barata.

Descargo de Echecopar
El estudio Echecopar señaló a Gestión que “el consorcio GPS infringió las bases al modificar su composición fuera de los plazos”.

“También incurrió en falta de veracidad al presentar, en el sobre N°2 una declaración jurada en la que señalaba que la composición del consorcio era la misma que la declarada en el sobre N°1, cuando minutos antes había comunicado su modificación fuera de plazos”, indicaron.

“Esta falta de veracidad era, según las bases, causal de descalificación en cualquiera de las etapas del concurso”, acotaron. El estudio confirma su apreciación en un fallo del Poder Judicial.

Los codinames
En entrevista con Convoca, la fiscal Mori reveló que su despacho ya descifró a algunos “codinames” o apodos que aparecen en las planillas de Odebrecht. En ellas se registran pagos de más de US$ 3 millones por el gasoducto.

No descartó que detrás de estos apodos, además de exfuncionarios, también estén ocultos nombres de abogados y representantes de bufetes.

para recordar

Tiempo. La fiscal Geovana Mori decidió ampliar hasta febrero del próximo año la investigación preliminar por los pagos ilícitos de la constructora Odebrecht en el Gasoducto del Sur. En entrevista con Gestión, reveló que investiga a 30 personas, entre exfuncionarios y empresarios. Sostuvo que Jorge Barata y otros cuatro brasileños también son indagados.