Redacción Gestión

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Madrid (AP).- España dio el martes el primer paso para determinar si los documentos sobre el supuesto pueden considerarse un delito.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ordenó la apertura de diligencias informativas, el paso previo al inicio de un proceso judicial, un día después de que el diario madrileño El Mundo informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA en inglés) espió 60 millones de llamadas durante solo un mes en el país ibérico.

El objetivo de las diligencias es discernir, por un lado, si los documentos filtrados hasta ahora por el ex analista de sistemas contienen algún elemento delictivo y, por otro, si España tendría la competencia para conducir una investigación.

España es el último caso conocido del presunto espionaje de la NSA sobre aliados europeos como Francia y Alemania.

El gobierno español dijo no tener constancia de dicho espionaje, pero aseguró que de confirmarse "podría romper la confianza con Estados Unidos".