(Bloomberg) Es posible que ninguna otra batalla de la presidencia de Donald Trump haya sido más promocionada, o pública, que la que se avecina por los inmigrantes indocumentados: si él persiste en su objetivo declarado de deportar de 2 a 3 millones de inmigrantes indocumentados, hay una red de ciudades, instituciones y activistas a favor de los inmigrantes dispuesta a hacer que el proceso sea lo más visiblemente contencioso que sea posible.

Trump tendrá autoridad para deportar a millones. Aunque hay casos individuales que puedan ser impugnados y prolongados en tribunales de inmigración –no olvidemos que el sistema ya está sobrecargado-, las demandas contra los poderes ejecutivos de Trump o la implementación de su plan parecen tener pocas posibilidades de triunfar.

La resistencia a Trump será altamente variable. La totalidad de California, que alberga más inmigrantes indocumentados que cualquier otro estado, parece estar pasando a alerta máxima. Este mes en Los Ángeles, miembros de la junta escolar del segundo distrito escolar más grande de la nación reiteraron de forma unánime su compromiso de "proteger los datos y las identidades de cualquier estudiante, miembro de familia o empleado de escuela que pueda verse afectado por cualquier política o medida ejecutiva futura que derive en la recopilación de toda información de identificación personal (PII, por su sigla en inglés)".

Los defensores de inmigración están preparándose para proteger a estudiantes y familias. En un correo electrónico, el activista Frank Sharry escribió: "Si bien Trump sin duda le lanzará alguna carnada a su base nacionalista, él se topará con una mayoría de estadounidenses que se le oponen. Es por eso que los alcaldes están alzando la voz con tanta osadía y claridad. Es por eso que los presidentes de universidades y superintendentes de escuelas están hablando con tanta dureza. Es por eso que los líderes religiosos están ofreciendo santuario en sus templos. Y es por eso que los activistas planean interponer sus cuerpos entre los agentes de inmigración federales y nuestros amigos, compañeros de trabajo y seres queridos".

En algunas comunidades, los inmigrantes gozan de un fuerte apoyo del público y del mundo político. Muchos colegas se están comprometiendo a defender a estudiantes y trabajadores indocumentados, pero la resistencia a Trump, particularmente en los estados rojos, podría resultar extremadamente costosa.

Trump puede infligir mucho dolor a gobiernos e instituciones que lo desafíen. Millones en financiamiento federal podrían quedar condicionados a la cooperación o a la falta de ella con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

El presidente de la Universidad Estatal de Arizona, Michael Crow, envió una carta la semana pasada en donde apoya la continuación de la Acción Diferida decretada por el presidente Barack Obama para los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños. La carta de Crow es un gesto noble, pero no da garantías de que la universidad vaya a proteger a los inmigrantes indocumentados. Arizona no es California. La Legislatura de Arizona promulgó una agresiva ley antiinmigración en el 2010; además, Trump ganó en el estado con un margen de 4 puntos.

En la Universidad Estatal de Iowa, en un estado donde Trump ganó por más de 9 puntos, los administradores emitieron una declaración sobre los estudiantes indocumentados que parece tan soñadora como evasiva.

"No hemos escuchado nada de parte de autoridades federales o estatales que sugiera que habrá cambios que impacten en el estatus de las relaciones de estudiantes indocumentados con esta universidad", se lee en la declaración. Una vez que Trump esté en la Casa Blanca, todo podría ser muy distinto.

"Nos estamos preparando para medidas enérgicas que, si no son combatidas, podrían dar pie a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos", aseveró Sharry. "La elección de Trump ha sumido en crisis a millones de familias de inmigrantes. Esto no es un detalle sino una característica de la estrategia de Trump", sostuvo.

Ambos bandos en batalla se han preparado para el éxito. Quienes están a favor de restricciones para la inmigración consideran que la elección de Trump es una validación nacional de su causa. En tanto, muchos de los estimados 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos habían esperado ya contar con un mecanismo de legalización u obtención de ciudadanía a estas alturas. El Senado aprobó la legislación con dicho mecanismo en el 2013 por más de 2 a 1.

Como declaró al New York Times Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Center for Inmigration Studies –favorable a las restricciones-, las fuerzas de Trump y los activistas pro inmigrantes ahora están enfrascados en el juego de gritarse "gallina"; si ninguno de los dos varía su postura, el enfrentamiento resultante podría sacudir a la nación.

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