Enco acusa a Fiscalía de no apurar denuncia contra Héctor Becerril

Para la Procuraduría Anticorrupción, la Fiscalía no actúa de manera similar en todos los casos, pues existen procesos a los que no se les da celeridad.

En este último grupo se encontraría el proceso contra el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, manifestó el procurador anticorrupción, Amado Enco.

La Procuraduría denunció al parlamentario ante la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias por haber presionado en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Enco detalló que las denuncias realizadas contra el legislador, el suspendido juez supremo César Hinostroza y cuatro exconsejeros, así como Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, no avanzan de la misma forma en el Ministerio Público.

“La única denuncia que ha avanzado, y que se encuentra en el Congreso, es la vinculada al juez supremo César Hinostroza y los cuatro exconsejeros del CNM”, precisó en diálogo con Canal N.

En esa línea, exigió que se proceda “de manera similar” con todas las denuncias.

Añadió que también debería de verse la demanda que presentó contra el juez César San Martín. Lo acusan de haber incurrido presuntamente en los delitos de tráfico de influencias, al solicitar celeridad en un proceso a Walter Ríos, cuando era presidente de la Corte Superior del Callao.

Municipios y regiones
Amado Enco conversó con la prensa tras presentar un informe sobre la corrupción en gobiernos regionales y locales

La Procuraduría Anticorrupción reveló que existen 4,225 procesos por delitos contra la administración pública que involucran a 2,059 gobernadores y alcaldes electos entre los años 2002 y 2014.
Junín, Cusco y Lima registran el mayor índice con más de 400 casos de corrupción cada una.

Se sigue procesos en contra de sus actuales gobernadores regionales Ángel Unchupaico, Edwin Licona Licona y Nelson Chui, respectivamente.

Pérdida
Del informe se desprende que los actos ilícitos han generado un perjuicio total al Estado de más de S/ 7 millones.

Además, indica que los delitos con mayor incidencia que se registran en las denuncias son los de peculado y colusión. Es decir, cuando el funcionario público se apropia o utiliza bienes o dinero del Estado, y cuando interviene en los procesos de adquisición o contratación pública, concertando o acordando con interesados para defraudar al Estado.

Del mismo modo, señaló que existen 29 procesados con orden de captura.