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El candidato a la Presidencia, Pedro Castillo, no solo ha planteado desactivar el Tribunal Constitucional para remplazarlo por uno que sea elegido por el pueblo, sino que en los dos debates presidenciales ha señalado que reformará el sistema de justicia para que los jueces y fiscales sean designados por voluntad popular. ¿Pero es viable una reforma judicial de esta naturaleza como la propuesta por el aspirante a Palacio por Perú Libre?
Para el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, lo que pretende Castillo Terrores sobre el sistema judicial es inviable y solo busca replicar la reforma del sistema judicial boliviano que hizo en su momento el exjefe de Estado, Evo Morales.
“Los jueces y fiscales que participen en elecciones tendrán que buscar el apoyo político de partidos organizados que le den el soporte electoral. Un juez o fiscal profesional puede tener 50 amigos, pero no más y requiere miles de votos. Eso significaría que el trabajo del juez y fiscal perdería autonomía e independencia. Este modelo de sistema de justicia se utiliza en la repúblicas totalitarias justamente para evitar que por criterios técnicos y meritocráticos sean elegidos los jueces y hacer que dependan del partido político de gobierno que es el predominante”, explicó.
Asimismo, Álvarez Miranda recalcó que este modelo de elección popular fue instalado por Evo Morales en el país vecino para manejar la administración de justicia directamente y sus decisiones sean afines a los intereses de su ex régimen.
Por su parte, Delia Muñoz, ex ministra de Justicia y exprocuradora supranacional, sostuvo que la propuesta de elección popular de jueces y fiscales puede ser atractiva para muchos electores, pero requeriría una reforma constitucional que tomaría tiempo y paralizaría las funciones del Poder Judicial y el Ministerio Público.
“En el mundo hay muchos sistemas de elección de magistrados. Nosotros hemos optado por un sistema concentrado, primero a través del Consejo Nacional de la Magistratura, y ahora por la Junta Nacional de Justicia que la hemos conseguido de forma constitucional desde el 2019. El proceso de elecciones de magistrados liderados por la JNJ también permite la participación popular, debido a que los peruanos podemos presentar tachas contra uno u otro candidato a magistrado en el proceso de elección. No se pueden lanzar propuestas sin analizar”, afirmó Muñoz.
El abogado constitucionalista Luciano López precisa que para cambiar el modelo de elección de jueces y fiscales, primero se requeriría una reforma electoral que permita tener partidos políticos sólidos.
“El sistema de elección de jueces y fiscales es el romano germánico que es designar a un juez de carrera por meritocracia. Lanzar propuestas sin mayor sustento es populismo y demagogia y eso va para ambos candidatos a la Presidencia”, indicó.
Mientras que el abogado penalista Luis Lamas Puccio calificó de inviable y demagógico el planteamiento de reforma judicial de Castillo Terrones y dijo que tiene como único fin el manipular el sistema judicial.
“El reformar el sistema de elección de magistrados es inviable y solo busca manipular la justicia como en otros gobiernos autoritarios. El recurrir a la participación popular para la elección de jueces y fiscales bajo el enunciado de que lo pide el pueblo cuando el término pueblo es un término muy etéreo y tiene muchas interpretaciones”, puntualizó.