:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/B4CHKYFYZBAX5ACZQBJFRQ5T44.jpg)
A 15 días para finalizar el año, la Defensoría del Pueblo reportó que hay 185 conflictos sociales a nivel nacional, de los cuáles, 134 se encuentran en condición de “activos” y 51 son “latentes”.
En el mes de noviembre se presentaron dos casos nuevos. El primer conflicto se desarrolla en Cajamarca, en donde las rondas campesinas del Valle del Llaucano se oponen a una resolución de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que autorizó a la minera Yanacocha la ejecución de estudios de agua subterránea, a través de la instalación de 56 piezómetros.
El otro conflicto involucra a comunidades campesinas de la provincia de Espinar, en Cusco, las cuales exigen una consulta previa para el proyecto Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco, compensación por impactos ambientales, sociales y en territorios de las comunidades, así como el cumplimiento de acuerdos por parte de la empresa Antapaccay.
Las regiones y los conflictos
Respecto a la distribución territorial de los conflictos reportados desde marzo de 2017, Áncash continúa concentrando la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (22 casos), seguida de Cusco (18) y Loreto (15).
En cuanto a los tipos, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (68.1%). Este tipo de conflicto mantiene esta ubicación desde abril de 2007.
Respecto a los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, con relación a los socioambientales, es de 64.3% y de 43.8% del total de conflictos sociales.