Doe Run endurece condiciones al Estado para reiniciar operaciones

Doe Run presentó nuevas condiciones al Estado para retomar sus operaciones en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, las cuales proponen que el Gobierno peruano asuma la responsabilidad y los reclamos de terceros, así como el costo sin limitaciones de las demandas interpuestas contra Renco ante la Corte de Missouri por los afectados de la contaminación de La Oroya.

Estas condiciones forman parte de una segunda versión del plan de reestructuración presentado por dicha empresa el 29 de marzo. En esta oportunidad, Doe Run no está manejando los planteamientos, ya que han pasado a ser dirigidos por su matriz Renco , con sede en EE.UU.

El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, informó que el plan también ha cambiando la fecha del reinicio de operaciones para fines de junio, cuando originalmente se difundió que el plazo sería el 1 de mayo de este año.

"Renco como propietaria de Doe Run tiene que definir qué es lo que va hacer y si quiere de verdad operar el complejo metalúrgico debe expresar claramente esa voluntad y no poner condiciones que hacen inviable el plan de reestructuración y el consecuente reinicio de las operaciones del complejo metalúrgico", indicó Merino en un comunicado.

Incertidumbre

Por su parte, los dirigentes sindicales, encabezados por Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, señalaron que existe una gran incertidumbre y temor por la posibilidad de que se pueda perder los puestos de trabajo. Instó al gobierno a buscar una solución lo más pronto posible.

Después de este cambio en las condiciones, el MEM indicó que están a la espera de una posición final por parte de Renco. "El Estado está de lado de los trabajadores y el gobierno ratifica su decisión de encontrar una solución para que el complejo de La Oroya opere lo más pronto posible, preservando el derechos de los trabajadores, cuidando la salud de la población y respetando los estándares medio ambientales", sostuvo.

Enfatizó que el Estado es respetuoso de las leyes, y las controversias derivadas del contrato de privatización del complejo metalúrgico están siendo tratadas en las instancias competentes, que en ningún caso es la Junta de Acreedores de Indecopi.