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(AFP) El tribunal de apelaciones de San Francisco mantuvo el jueves la suspensión del decreto antiinmigración de Donald Trump, pero la justicia no se pronunció sobre el fondo del asunto, por lo que se espera que la batalla judicial continúe.
Los tres jueces federales sólo respondieron a la pregunta sobre si la orden de suspensión de primera instancia y decidida en urgencia por el juez federal James Robart de Seattle el 3 de febrero debía o no ser anulada.
Respondieron unánimemente con la negativa, argumentando que la Secretaría de Justicia que defiende el decreto no demostró la inminencia de graves ataques a la seguridad de Estados Unidos con la no aplicación temporaria del decreto.
Los jueces rechazaron el argumento del Ejecutivo según el cual el cierre temporario de las fronteras era una prerrogativa absoluta del presidente de Estados Unidos.
"Si bien los tribunales deben un respeto considerable a las políticas del presidente en lo que concierne a la inmigración y la seguridad nacional, no quedan dudas de que la justicia federal conserva la facultad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos del Ejecutivo", escribieron los jueces.
El tribunal de apelaciones tomó la decisión después de haber puesto los diferentes intereses nacionales en la balanza.
"Por un lado, es del interés superior del público contar con seguridad nacional y con la capacidad de un presidente electo de llevar a cabo su política", juzgaron los magistrados.
"Por otro lado, también es de interés público permitir la libre circulación, de evitar la separación de las familias y de proteger de las discriminaciones".
"El gobierno no probó que un extranjero de los países señalados haya perpetrado un atentado en Estados Unidos" en el pasado, subrayó el tribunal.
"No es nuestro papel tratar de reescribir el decreto", agregaron los magistrados, mientras algunos republicanos le aconsejaron a Trump que revisara su texto.
El presidente estadounidense anunció su intención de continuar con el combate a favor de su decreto ante los tribunales.
Él y su administración pueden librar una batalla sobre el fondo del asunto ante un tribunal de primera instancia en los próximos días, o bien pedir la intervención de la Corte Suprema apelando rápidamente la decisión anunciada este jueves por el tribunal de San Francisco.