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Hace algunos años usted manifestó que el Estado no tenía una política clara de cómo enfrentar los conflictos sociales. ¿Aún persiste esta falencia?
No solo se mantiene la falencia, sino que la situación se ha agravado en la medida de que hemos vivido estos 5 años sumidos en una inestabilidad política muy grande y agravada en los últimos meses.
¿Las cifras de los informes defensoriales reflejan que se agravó la conflictividad...
La conflictividad social en las últimas semanas se ha incrementado. Hemos registrado en noviembre 11 casos nuevos, no habíamos registrado ese número desde el 2018. Además, las protestas sociales han aumentado en 65%.
¿Qué es lo que ocurre?
No solo hay una ausencia de política sino además hay algunos vicios en el funcionamiento del Estado que se han agudizado. Por ejemplo, el problema del sectorialismo, es decir, que cada ministerio responde a su propia lógica, a sus propios conceptos, instrumentos, y en muchos casos mezquina la información que debería de compartir con otros ministerios.
¿Qué otros problemas hay?
Hay un problema muy serio de diálogo intraestatal, a veces es más fácil tratar con los actores sociales que plantean las demandas que tratar con los actores estatales internamente. Es notorio que hay un cortoplacismo fruto de esta inestabilidad donde se hace muy difícil plantear una política de prevención y de gestión de conflictos sociales que tengan un impacto en el mediano y largo plazo.
Al inicio de la pandemia la Defensoría solicitó al Gobierno que no se detuvieran las mesas de diálogo. ¿Los escucharon?
Surgió una conflictividad relacionada con la pandemia y emitimos cuatro informes sobre ello, con las recomendaciones respectivas. Simultáneamente había que cuidar el otro frente de la conflictividad. Dimos recomendaciones, pero lamentablemente, una vez más, no fuimos escuchados, y el Ejecutivo no nos respondió pese a que la ley lo dispone.
En promedio, ¿cuánto tiempo dura una mesa de diálogo?
En el 2016 presentamos un informe que titulamos el valor del diálogo y establecimos un promedio de que una mesa de diálogo dura en promedio ocho meses, que en general no está tan mal. Desde luego que necesitaríamos incrementar la calidad de los procesos de diálogos para que las respuestas sean más eficaces a los problemas.
Siempre se dice que no se realiza un seguimiento al cumplimiento de las mesas de diálogo. En promedio, ¿cuántos de los acuerdos asumidos se logran concretar?
Cuando hemos hecho el seguimiento hemos encontrado que hay una ruta del acta que en algún momento, en alguna oficina, como parte de la burocracia termina archivada, olvidada y empolvada porque no se transforman esos acuerdos que están en un papel firmado en un instrumento legal fuerte y exigible que genere obligaciones para el Estado.
¿Cuál sería la solución?
Aquellos acuerdos que puedan ser traducidos a instrumentos legales deben hacerse (...) para que el acta no solo sea un papel y tinta de una buena intención. De acuerdo a cifras de la PCM, más del 50% de los acuerdos en el Perú no se han cumplido.
