La Defensoría del Pueblo se pronunció a favor de generar consensos a través del diálogo para superar la actual crisis política entre el Ejecutivo y el Parlamento, y resolver la cuestión de confianza.
A través de un pronunciamiento, sostienen que es legítimo que el Gobierno promueva la reforma política y solicite la priorización del debate y aprobación de cinco proyectos de ley.
En ese sentido, la Defensoría considera que el Congreso debe responder si considera que los proyectos presentados efectivamente requieren de una expresión de confianza de su parte.
“Si (el Congreso) lo hace, significará un aval a estas reformas y un grado mayor de estabilidad política”, se lee en el documento.
La institución destaca “la máxima importancia” las reformas institucionales, entre ellas la política, al considerar que favorecerá el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
La Defensoría recordó además que el Tribunal Constitucional ha señalado que la cuestión de confianza no puede suponer un quiebre del principio de separación de poderes.
“Por ello exigir que se apruebe una fórmula legal específica o establecer un plazo máximo rígido para el trámite legislativo, podría suponer un menoscabo en la autonomía funcional del Parlamento”, refiere la institución.
