Defensoría pide al Congreso reformular proyecto que prohíbe publicidad estatal en medios privados

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, planteó al Congreso de la República la reformulación del proyecto de ley que plantea busca prohibir la publicidad del Estado en medios de comunicación privados.

Explicó que ello representaría graves restricciones al derecho de los ciudadanos a acceder y recibir información sobre asuntos de interés público, como problemas y políticas públicas en sectores o materias tan sensibles como la salud, educación o seguridad ciudadana.

"Nosotros planteamos que se reformule esta norma y que se permita el uso de los medios privados, porque aún los medios tradicionales, como la radio y los diarios, por ejemplo, en los sectores más populares y rurales sigue siendo los canales a través del cual el ciudadano se informa", comentó.

En ese sentido, subrayó que prohibir la publicidad estatal en medios privados constituye un error porque implica ignorar que cerca del 40% del país no tiene acceso diario a la información.

Recordó que la iniciativa legislativa planteada propone que las entidades públicas empleen únicamente los medios de comunicación estatales y las redes sociales para difundir información a la ciudadanía.

"Este hecho representa una contradicción porque exigir la difusión de información mediante redes sociales representa no tener en cuenta que ellas pertenecen a empresas privadas y, en la mayoría de casos, exigen un pago para ampliar la difusión de contenidos", dice el comunicado de la Defensoría.

Gutiérrez señaló que no se ha tenido en cuenta que, conforme a los datos proporcionados por Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cerca del 40% de la población no accede diariamente a Internet, y que aún son predominantes, sobre todo en provincias, medios tradicionales como la radio o los diarios regionales.

Dijo que si bien el mencionado proyecto de ley busca evitar que la contratación estatal de servicios de publicidad sirva como un mecanismo de presión hacia los medios de comunicación que impida la investigación y difusión de hechos de interés público, lo propuesto en el proyecto de ley constituirían un supuesto de censura indirecta, que el Estado se encuentra en la obligación de evitar.

"La Defensoría de Pueblo considera oportuno recordar que la información es a un mismo tiempo un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos, y una obligación del Estado de hacerla efectiva", reiteró.

Además mencionó que la información es el principal instrumento que tienen los ciudadanos para conocer y supervisar a la gestión pública y acceder a información estatal.

"Por ello, en atención al principio de transparencia, el Estado tiene el deber de informar a la población sobre su ejercicio de gobierno a través de todos los canales de difusión, especialmente aquellos que resulten más eficientes para este propósito", concluyó.