La Defensoría del Pueblo, encabezada por Walter Gutiérrez, solicitó al Congreso de la República ver a la brevedad una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público a fin de no repetir los últimos acontecimientos que involucran al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la crisis institucional que enfrenta esta entidad.
En un pronunciamiento público difundido a través de redes sociales, se postula como una solución transitoria la regulación de las actuales atribuciones del fiscal de la Nación, "a fin de que se eviten actos arbitrarios o interferencias con las labores de investigación fiscal".
"En la misma línea, se podría fijar de mejor forma las competencias de la Junta de Fiscales Supremos, permitiendo que se integren a ella los fiscales supremos adjuntos, siempre que cumplan ciertos requisitos de idoneidad para el cargo. (...) y que se dote a esta instancia de competencia para suspender de sus funciones al fiscal de la Nación cuando este incurra en actos manifiestamente inconducentes o arbitrarios", se agrega.
La Defensoría del Pueblo resalta la importancia del Ministerio Público para preservar el Estado de Derecho y la democracia en el país, pero señala que su organización interna y atribuciones se encuentran "insuficientemente reguladas" debido, principalmente, a que su Ley Orgánica fue promulgada en 1981.
"Como puede comprenderse, el cambio de Constitución y de otras normas importantes -así como el desarrollo de nuevos preceptos constitucionales introducidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional- han provocado que esta ley se encuentre actualmente desfasada", se sostiene.
Por ello, manifiestan que la Ley Orgánica del Ministerio Público debe ser "correctamente interpretada a fin de ser compatible con nuestro modelo de Estado Constitucional de Derecho".
Remoción de fiscales
En relación a la decisión de Pedro Chávarry en apartar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato, la Defensoría concluye que este hecho "constituye un acto carente de debida motivación".
"El cambio intempestivo e inmotivado de fiscales que vienen desarrollando una investigación emblemática, compleja y de trascendencia nacional, perjudica la acción del Ministerio Público, pues detiene o demora las investigaciones en curso y reduce las posibilidades de defensa de los procesados", se indica.