Decisión de TSJ de Venezuela podría facilitar inversión rusa, pero asustar a grandes petroleras

(Reuters) La imagen del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela rompiendo el jueves un dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y advirtiendo a las compañías extranjeras que no hagan acuerdos con el Gobierno socialista resonará en todo el mundo.

La sentencia rota por Julio Borges da permiso al presidente, Nicolás Maduro, para crear empresas mixtas sin necesidad de aprobación parlamentaria, facilitando la inversión en la atribulada industria petrolera del país, corta de liquidez.

Asimismo, podría facilitar acuerdos con compañías como el gigante petrolero ruso Rosneft, al que según reportó Reuters a principios de mes le fue ofrecida una participación en una empresa mixta con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), como parte de un acuerdo más amplio con el aliado clave de Caracas.

No obstante, es probable que el engorroso marco legal consiguiente y los reclamos internacionales eleven la ansiedad de las petroleras extranjeras, que ya están nerviosas ante la compra de participaciones en yacimientos petroleros por las tambaleantes finanzas del país y un mayor escrutinio regulatorio a nivel local, dijeron fuentes de la industria.

De acuerdo a la Constitución de Venezuela, el Congreso debe aprobar contratos de "interés público nacional" con firmas foráneas. No obstante, el TSJ dictaminó que el Congreso ya no tiene más voz sobre las empresas mixtas, lo que generó críticas de los legisladores por la falta de legitimidad de la corte, generando un laberinto legal.

Esto es un mal presagio para la deprimida economía venezolana, que depende de los envíos de crudo para más del 90% de sus ingresos por exportación, mientras millones de personas sufren por escasez de alimentos y la elevada inflación.

"Dificulta cualquier decisión de inversión", dijo una fuente con base en Caracas de una petrolera extranjera asociada con PDVSA, que pidió permanecer en el anonimato porque no tiene permitido hablar a los medios.

Pese a todo, Rusia se está convirtiendo en un financista cada vez más importante para el aislado Maduro, en un momento en que muchas otras firmas foráneas se resistían ya a destinar dinero a Venezuela ante el pobre clima de negocios y las deudas.

Y si Venezuela consigue asegurar más ventas o préstamos con Rosneft, esto podría ayudarle a realizar US$ 2,500 millones en pagos de bonos con vencimiento en abril y asumir otros costos operativos.

Sin embargo, aunque Venezuela reciba un impulso inmediato, es probable que en el largo plazo las petroleras extranjeras se resistan a realizar más inversiones en el país con las mayores reservas mundiales de crudo.

Ni PDVSA ni el Ministerio del Petróleo respondieron de inmediato a una petición de comentario, al igual que la estadounidense Chevron Corp, que tiene cuatro operaciones conjuntas con la estatal venezolana.

La española Repsol, que amplió el año pasado una línea de crédito de US$ 1,200 millones para impulsar una empresa mixta que tiene con PDVSA, también declinó hablar. Otras empresas extranjeras que operan en Venezuela, como la estatal China National Petroleum Corp, tampoco respondieron a los pedidos de comentarios.

Inversores asustadosNo obstante, para las empresas extranjeras de bajo perfil que siguen en Venezuela pese a una ola de nacionalizaciones y salidas de firmas, la sentencia del TSJ es otro motivo de preocupación en medio de complejos controles cambiarios, fuga de cerebros y una delincuencia descontrolada.

Muchas compañías ya estaban preocupadas por el marco legal después de que la oposición se hizo con el control de la Asamblea Nacional en enero del 2016 y advirtió a las grandes petroleras que los acuerdos de inversión que afectaran al interés nacional requerían su aprobación.

Cuando Rosneft compró una participación en la empresa mixta Petromonagas a principios del pasado año, la Asamblea Nacional calificó la adquisición como "ilegal" porque no pasó por el poder legislativo. Rosneft respondió que el acuerdo es legal.

Algunas firmas podrían confiar en que tendrán la fuerza suficiente para negociar con un hipotético futuro gobierno liderado por la oposición para "legalizar" compras realizadas sin la luz verde del Congreso, dijeron fuentes.

Sin embargo, es improbable que la decisión del TSJ alivie los temores de socios foráneos con estrictas guías legales y de cumplimiento.

"Esto no lo subsana", dijo Francisco Monaldi, experto en política energética latinoamericana del Baker Institute en Houston. "Capaz lo subsana para los rusos, pero yo dudaría que una empresa internacional se atreva a hacer algo aquí. Ciertamente esto puede parar la conformación de nuevas empresas mixtas", agregó.