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Datos básicos para entender el pedido de asilo de Alan García en Uruguay

La Fiscalía peruana considera a Alan García sospechoso de haber favorecido a Odebrecht durante su segundo Gobierno para que la constructora brasileña ganara el concurso para la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

Alan García

El líder aprista recibió de Odebrecht US$100.000 como pago por la conferencia ofrecida ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). (Foto: USI)

El líder aprista recibió de Odebrecht US$ 100,000 como pago por la conferencia ofrecida ante la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). (Foto: USI)

El pedido de asilo diplomático que el expresidente peruano Alan García solicitó a Uruguay aduciendo "persecución política" llevó a la esfera internacional las acciones de la Justicia del país para afrontar la crisis desatada por la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La compleja situación del país, donde hay una guerra abierta entre el Congreso - dominado por Fuerza Popular (fujimorista, derecha populista), en estrecha alianza con el Partido Aprista Peruano (PAP) de García - y el Gobierno de Martín Vizcarra, le añade repercusiones políticas a toda acción legal que se produce en el país para atajar la corrupción.

¿Por qué la Justicia peruana investiga a Alan García?
La Fiscalía peruana considera a García sospechoso de haber favorecido a Odebrecht durante su segundo Gobierno para que la constructora brasileña ganara el concurso para la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

En febrero del 2009, inmediatamente después de un viaje a Cuzco junto con el gerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, el expresidente firmó un decreto de urgencia para impulsar la ejecución del proyecto, decreto que modificaba el marco legal vigente en ese momento y otorgaba "condiciones ventajosas" a la compañía.

Para García, esos decretos se dieron para impulsar un proyecto de claro interés público, no para favorecer a la empresa.

Investigaciones posteriores de la Contraloría de la República y del Congreso peruano detectaron perjuicios económicos y sobrecostos de entre US$ 100 millones y US$ 300 millones en la ejecución de los proyectos.

¿Cómo se desarrolló la investigación?
En noviembre del 2016, Odebrecht confesó haber pagado US$ 29 millones en sobornos bajo los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Apenas dos meses después, el exviceministro de Comunicaciones del Gobierno de García, Jorge Cuba, fue detenido junto con otros altos funcionarios acusados de haber recibido importantes coimas de la empresa.

En ese contexto, el fiscal Hamilton Castro abrió investigación a García, su ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo y al exdirector ejecutivo del proyecto del Metro de Lima Oswaldo Plasencia, los superiores de los detenidos.

Las investigaciones revelaron la existencia de una cuenta en un banco de Andorra con millones de dólares vinculada a esta trama, cuenta que sin embargo permanecía sin movimientos de salida de capital.

La sospecha es que ese dinero es el que correspondería a García y otros altos funcionarios.

García reaccionó a todo esto denunciando a las "ratas" corruptas que operaron bajo su mandato, pero negó cualquier vinculación con la corrupción."Otros se venden, yo no", reiteró en varias ocasiones.

¿Qué cambió en la última semana?
García fue llamado a declarar como testigo por la Fiscalía en diversas ocasiones, en las que el mandatario viajó libremente a Perú desde España, donde reside, para exponer ante el Ministerio Público.

Eso era lo que se esperaba que sucediera el pasado día 15 de noviembre, pero sin embargo, a su llegada a Perú, García se encontró con el anuncio de que la investigación en su contra se ampliaría a los delitos de colusión y lavado de activos.

De forma simultánea, el portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó información procedente de los servidores internos de Odebrecht que apuntaban sobre un supuesto pago irregular a García.

Inmediatamente, la Fiscalía solicitó el impedimento de salida de Perú para profundizar las investigaciones y que fue formalmente concedido por el juez el sábado 17 de noviembre.

Ese mismo día, García ingresó en la residencia uruguaya en Lima.

¿Existe relación con otras disputas legales y políticas?
Sí. De forma paralela al desarrollo del escándalo de Odebrecht, grabaciones difundidas por la prensa destaparon a una red de jueces y fiscales que pactaban con políticos y empresarios tratos de favor.

El supuesto líder de la banda, el exjuez supremo César Hinostroza, huyó del país rumbo a España, donde intentó pedir asilo aduciendo persecución política y donde permanece encarcelado a la espera de su extradición.

Según las investigaciones, Hinostroza mantuvo varias reuniones con destacados dirigentes del fujimorismo, entre ellos Keiko Fujimori, antes de que tuviera que fallar sobre un caso que implicaba a la líder opositora.

Desde que en julio se conociera el caso, hasta que en octubre el exjuez escapara del país, Fuerza Popular defendió al exmagistrado en el Congreso.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, está acusado de formar parte de esa banda y de mantener lazos con Hinostroza.

Chávarry a su vez está enfrentado con sus subordinados Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes investigan los casos García y Fujimori y quienes lo acusan de torpedear las investigaciones.

El Fiscal de la Nación está enfrentado también al presidente Vizcarra, quien no cesa de pedir su dimisión por su vinculación con los jueces corruptos. Esta presión del presidente es la que García considera una "presión política" para poner en la fiscalía a funcionarios "dóciles" que lo protejan.

Mientras, Vizcarra lanzó el pasado mes de julio una propuesta de reforma constitucional que se votará el 9 de diciembre orientada a combatir la corrupción.

El trámite de esa reforma estuvo plagado de incidentes, particularmente por la amenaza del mandatario de cerrar constitucionalmente el Congreso y convocar nuevas elecciones.

Ese extremo que la legislación peruana contempla y admite, fue considerado por sus opositores - fundamentalmente por los fujimoristas y los apristas- como un intento de golpe de Estado.

La clave es que esa reforma, de ser aprobada, prohibiría la reelección de congresistas, y es vista con desagrado por muchos legisladores.

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