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Por unanimidad, el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Gobierno contra la ley que aprobó por insistencia el Congreso para regular la aplicación de la cuestión de confianza.
La mañana del jueves 28, los seis magistrados del TC presididos por Marianella Ledesma Narváez, y con Eloy Espinosa-Saldaña como ponente del caso, procedieron a votar y admitir por unanimidad la medida presentada por el Poder Ejecutivo.
Según la ley, el TC deberá notificar al Poder Legislativo para que este pueda responder la demanda por vía escrita en un plazo de 30 días hábiles (unos 40 días calendario aproximadamente).
El Gobierno presentó esta demanda de inconstitucionalidad la semana pasada, como respuesta a la norma aprobada por insistencia en el pleno del Parlamento que dispone que los ministros solo puedan aplicar la cuestión de confianza cuando se trate de temas que son “competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno”.
La Ley 31355 inserta estos cambios en la cuestión de confianza a través de modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y no una reforma constitucional, argumento que el Gobierno esgrime como uno de los motivos por los cuales el TC debe declarar esta iniciativa como inconstitucional.
Para el Ejecutivo, tampoco es posible restringir los alcances de una cuestión de confianza, ya que el Tribunal Constitucional ya falló anteriormente en los años 2018 y 2020 que dicha figura fue establecida con un carácter amplio de acción para que el Gobierno pueda hacer contrapeso al Poder Legislativo.