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Los presuntos actos de corrupción vinculados al exgobernador del Callao, Félix Moreno Caballero, y a otros funcionarios de dicha región habrían causado un perjuicio económico al Estado por aproximadamente S/ 95.5 millones, informó hoy la Fiscalía de la Nación.
El Ministerio Público investiga a Moreno Caballero, junto a varios funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao, por presuntas irregularidades en la ejecución de cuatro obras públicas.
Del monto estimado por perjuicio económico al Estado, un total de S/ 55 millones corresponderían a las indebidas ampliaciones y adendas otorgadas al 'Consorcio Gambeta', conformado por las empresas brasileñas Queiroz Galvao y Andrade Gutierrez para la construcción de la avenida Néstor Gambeta.
En dicha investigación, por el presunto delito de colusión, está incluido el vicegobernador Walter Mori Ramirez.
Según la Fiscalía de la Nación, otros S/ 31 millones estarían vinculados a la presunta contratación de la empresa municipal Finver para la construcción de un local de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), la misma que presuntamente se habría realizado infringiendo la Ley de Contrataciones del Estado.
Mientras que S/ 10 millones de perjuicio al Estado habría generado la irregular venta del terreno del exfundo Oquendo, ubicado en el distrito de Ventanilla.
De acuerdo al expediente fiscal, que comprende a Moreno y a otros funcionarios, este caso se trataría de una negociación incompatible al presuntamente haber beneficiado a terceros mediante la venta subvaluada de dicho predio.
Finalmente, más de S/ 500,000 habrían sido apropiados, se presume, por Moreno Caballero, Paul Tito Da Silva; y el ex comandante general del Ejército, Mario Hernán Revoredo Castañón, durante la construcción de un sauna spa en la Comandancia General del Ejército en el distrito de San Borja. Este acto configuraría el delito de peculado.
También se dio a conocer que el Ministerio Público investiga al actual gobernador encargado, Walter Mori Rodríguez, junto a otros funcionarios regionales, por presuntas irregularidades durante su gestión como integrante del denominado Comité del Fondo Administrativo Educativo (CAFED).
Estas irregularidades habrían originado un perjuicio al Estado de cerca de S/ 7 millones mediante la realización de actividades académicas que no se habrían ejecutado; y la construcción del instituto "Simón Bolívar" del distrito de Bellavista.