El titular de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció sobre decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo para el deshacinamiento de los penales.  (Foto: Ministerio de Justicia)
El titular de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció sobre decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo para el deshacinamiento de los penales. (Foto: Ministerio de Justicia)

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, estimó que el decreto legislativo para el deshacinamiento de los penales y centros juveniles, promulgado en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), podría beneficiar a 7 mil internos.

“Estamos hablando de un universo de beneficiarios con un techo de aproximadamente 7 mil internos”, dijo Castañeda en RPP, al comentar la emisión del dispositivo legal en el diario El Peruano.

El titular del Ministerio de Justicia fue enfático en señalar que se trata de internos implicados en delitos que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana, los cuales están establecidos claramente en el decreto legislativo 1513.

En ese sentido aseguró que no se beneficiará con la excarcelación a personas involucradas en secuestros, homicidios o sicariato, así como también en actos de corrupción de funcionarios.

Asimismo, destacó la promulgación del decreto legislativo 1514 que optimiza la vigilancia electrónica personal con grilletes, un sistema que, según afirmó, se utiliza en otras partes del mundo.

Dijo que si bien existía una norma anterior que establecía el uso de grilletes electrónicos, su alcance había sido mínimo, ya que solo 24 internos en el país tenían este tipo de vigilancia personal.

Por ello, el ministro indicó que en la reciente norma se establece que el Estado asumirá costo de grillete electrónico y no el interno, lo que en su opinión, promoverá el uso masivo de dicho sistema de vigilancia.

Castañeda informó que se destinarán S/ 50 millones para la modernización tecnológica que requerirá implementar la norma para deshacinar los penales, así como para la compra de grilletes electrónicos en el marco de la pandemia del COVID-19.

En este último caso, indicó, se tiene previsto adquirir unos 8 mil dispositivos electrónicos con el propósito de ofrecer una alternativa real a los jueces, quienes no tendrán como único camino dictar una prisión preventiva.