Una convulsión política y jurídica sin precedentes marcó el año 2018 en Perú

Una convulsión política y jurídica sin precedentes marcó el año 2018 en Perú, señalado por la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la asunción de Martin Vizcarra, la sucesión y profundización de devastadores escándalos de corrupción y la entrada en prisión de la líder opositora Keiko Fujimori.

La gran relevancia de los eventos políticos y legales, que incluyeron también el intento fracasado del expresidente Alan García de solicitar asilo político a Uruguay y un referéndum de reforma constitucional, dejaron en un segundo plano asuntos como la VIII Cumbre de las Américas, la visita del papa Francisco o el histórico regreso de la selección peruana un mundial de fútbol.

La corrupción generalizada en todos los estamentos del Estado peruano y las respuestas sociales, jurídicas y políticas ante esa lacra fueron el hilo conductor de los principales temas de interés público, casi todos vinculados a la gigantesca trama orquestada por la constructora brasileña Odebrecht.

Lo más relevante fue la dimisión de Kuczynski, forzada por la oposición del partido fujimorista Fuerza Popular, mayoritario en el Congreso, por los vínculos que este mantuvo con Odebrecht cuando era ministro de Economía del presidente Alejandro Toledo entre el 2004 y 2007.

Kuczynski logró sobrevivir a fines del 2017 un intento de destitución gracias al apoyo de un grupo de disidentes fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, quien al poco vio cumplido su deseo de ver indultado a su padre Alberto Fujimori, condenado en el 2007 por delitos de lesa humanidad.

En marzo, sin embargo, el presidente no logró recabar apoyos para mantenerse en el cargo ante otro intento de destitución, cuyo trámite se vio agravado por una trama protagonizada por Kenji Fujimori para comprar votos en su favor que derivó en la dimisión de varios ministros, la expulsión de tres diputados de sus curules y el aparente triunfo de la línea dura del partido fujimorista.

A fines marzo asumió el poder el entonces vicepresidente Vizcarra, quien presidió la Cumbre de las Américas, un evento que tuvo a la lucha contra la corrupción como eje central.

Vizcarra, que arrancó su mandato con una débil posición y sin apenas aliados, asumió la lucha contra la corrupción como un eje central de sus políticas.

En julio, la revelación de una trama dentro del Poder Judicial de compraventa de favores legales a empresarios y políticos desató un ola de indignación ciudadana a la que Vizcarra logró sumarse con el anuncio de una batería de reformas constitucionales, iniciativa que dejó en fuera de juego a sus opositores en el Congreso.

Esas reformas fueron aprobadas en diciembre con un abrumador apoyo ciudadano, que sirvió además para darle respaldo a Vizcarra y reafirmar el desprestigio del Congreso y sus representantes.

De forma paralela, la oposición fujimorista quedó en entredicho por la revelación de los lazos estrechos que sus dirigentes mantenían con los jueces vinculados a la mafia de corrupción, entre ellos Keiko Fujimori.

La protección política que los fujimoristas dieron a los protagonistas del caso enredó al partido y fortaleció a Vizcarra.

También de forma simultánea, un antiguo caso sobre la financiación irregular de Fuerza Popular fue ganando fuerza y, con un efecto de bola de nieve, arrastró a los líderes del partido ante la Justicia.

Ya en octubre, un juez ordenó el ingreso en prisión de Keiko y sus más estrechos colaboradores bajo la sospecha de que recibieron financiación irregular de Odebrecht para sus campañas políticas y crearon una trama para lavar y ocultar el origen de esos activos.

Como colofón, un juez peruano reconoció que el indulto que Alberto Fujimori recibió de Kuczynski en el 2017 fue irregular y ordenó su reingreso en prisión.

Mientras el anciano político se refugió en un hospital, donde aún sigue, para evitar volver a la cárcel, muchos peruanos responsabilizaron a Keiko de la situación, por haber forzado la dimisión de quien indultó a su padre.

La escala de la corrupción quedó aún más en evidencia con el caso de Alan García.

A mediados de noviembre el expresidente llegó a Perú para declarar como testigo en una investigación y se encontró con que la fiscalía pedía que se le impidiera la salida del país para ser investigado por delitos económicos.

Pese a decir públicamente que asumía esa orden, García intentó internacionalizar sus problemas jurídicos y solicitó asilo político en Uruguay, aduciendo persecución política. Uruguay rechazó formalmente ese pedido.

A pocos días para terminar el 2018, aún no se sabe qué pasará con García. Sin embargo, nadie duda que el 2019 encontrará a Perú envuelto en serias disputas legales que afectan a toda la clase política, sin que nadie descarte la existencia de nuevas revelaciones judiciales de consecuencias incalculables.