:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/YMRYZHZLLZG4VOGTABTR6XFJCA.jpg)
La Contraloría General de la República afirmó que la Caja Municipal de Crédito Popular de Lima necesita completar el procedimiento de auditoría, para concluir la acción de control y evaluación de hechos irregulares que conforman su culpabilidad de fraude.
El organismo de control determinó en la revisión del Informe Especial N° 01-2014-CMCPL/OCI realizada por la Gerencia de Aseguramiento de Calidad, que la apariencia de hechos irregulares deben ser debidamente procesados para su adecuada calificación como infracciones administrativas, civiles y/o penales, según corresponda.
Además, que conforme a las normas y principios que rigen el control gubernamental, corresponde completar el procedimiento de auditoría, a fin de concluir la acción de control en el marco del debido proceso, brindándole a dicho informe el necesario y suficiente sustento técnico para la adopción de las acciones legales a que haya lugar.
Y respecto a la significativa reducción de la capacidad operativa de que ha sido objeto el Órgano de Control Institucional (OCI) en el caso concreto, se ha dispuesto a partir de hoy, la participación de un equipo de auditoría de la Contraloría altamente calificado y con experiencia, para que asuma de manera inmediata la acción de control.
La Contraloría General de la República rechaza enérgicamente toda especulación que pone en tela de juicio el correcto cumplimiento de la función que le encomienda la Constitución Política del Perú.
Entre dichas funcionas figura la supervisión de la legalidad de la ejecución presupuestal, de la deuda pública y de los actos de las entidades sujetas a control, denunciando inmediata y oportunamente ante el Ministerio Público aquellos casos en los que, bajo las reglas del debido proceso de control, haya identificado responsabilidades penales, sin perjuicio de las acciones civiles y administrativas.
Asimismo, destaca que la reciente emisión de normas generales, que actualizan el marco regulatorio para la organización técnica de los servicios de control, no puede ni debe ser vinculada con ningún caso en especial.
Esta acción forma parte de un proceso de reforma normativa del control gubernamental que está en curso desde el año 2009, para asegurar estándares internacionales de calidad y respeto de los derechos fundamentales de los sujetos de control.
La Contraloría General de la República garantiza a la ciudadanía una línea de acción autónoma, técnica, independiente e imparcial, conforme lo manda la ley fundamental, y ratifica su compromiso de lucha frontal para erradicar el flagelo de la corrupción en nuestro país.