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La Contraloría General de la República dispuso que todos los órganos de control a nivel nacional supervisen que los fondos públicos sean utilizados dentro del marco de la ley y no para fines proselitistas, luego que se conociera que el partido Perú Libre presentó un proyecto de ley para convocar a un referéndum que permita realizar una Asamblea Constituyente.
En un comunicado emitido hoy, el ente contralor recordó que las autoridades, servidores y funcionarios públicos tienen la obligación de hacer un uso adecuado de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad.
“Las normas vigentes establecen sanciones administrativas y penales por destinar o autorizar le uso de infraestructura, bienes o recursos públicos en actividades ajenas a la función y/o quehacer institucional, entre ellas, las del proselitismo político”, señala.
La Contraloría, en esa línea, dispuso que todos los órganos de control vigilen y supervisen el uso de bienes y recursos públicos.
Esto, sin restringir que el Congreso de la República y el Ministerio Público puedan realizar sus propias acciones de fiscalización de acuerdo a sus atribuciones.
Proyecto de Perú Libre
El congresista de Perú Libre Wilson Rusbel Quispe Mamani presentó un proyecto de ley que plantea convocar a un referéndum para cambiar la Constitución Política de 1993, con la incorporación de una Cuarta Disposición Transitoria Especial en la Carta Magna, que quedará en los siguientes términos:
“El Presidente de la República debe convocar a un referéndum constitucional donde la ciudadanía responda a la siguiente pregunta: ¿Se debe convocar a una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva Constitución? Con las siguientes opciones a responder Sí o No”.
Señala que en caso gane la opción Sí, el presidente de la República debe convocar a elecciones para elegir a los integrantes de la Asamblea Constituyente cuando se desarrollen los comicios regionales y municipales del 2022.