Contraloría
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El programa Cuarto Poder reveló la existencia de una serie de irregularidades ocurridas en el examen de ascenso de auditores de la Contraloría, realizado el 23 de febrero pasado a nivel nacional.

De acuerdo al dominical, la institución liderada por Nelson Shack contrató los servicios de la empresa A y C Analysis and Consulting E.I.R.L., para elaborar y procesar los exámenes psicotécnicos, de carácter virtual, para los auditores.

El 28 de febrero la Contraloría publicó los resultados. La mitad de los más de 1,500 evaluados resultó desaprobado en la prueba psicotécnica, con notas de hasta cero.

Ante el desconcierto, algunos auditores le pidieron a la Contraloría una copia de sus resultados, pero no obtuvieron respuesta.

Las observaciones

Una semana después, el auditor Walter Grados le envió un oficio al contralor alertando que parte de las pruebas psicotécnicas se habían filtrado y remitió copias fotostáticas de algunas las preguntas.

El 7 de marzo, la oficina de Auditoría Interna de la institución le envió a Shack un memorándum y un detallado informe sobre los problemas detectados en el concurso.

Pero, sobre todo, el documento se refería a los problemas suscitados con el proveedor de las pruebas.

El proveedor

Las bases del proceso para elegir al proveedor del examen sólo exigían un psicólogo titulado con cinco años de experiencia brindando servicios de diseño y elaboración de software para evaluaciones masivas.

El propietario de A y C Analysis and Consulting E.I.R.L., Christiam Gamarra Tejeda, presentó una constancia que señalaba que había trabajado siete años, entre 2010 y 2017, en su empresa.

No obstante, Cuarto Poder reveló que el psicólogo constituyó su empresa en el 2012, y no en el 2010.

Pero eso no fue todo. El día de la publicación de los resultados la directora general de la empresa española TEA Ediciones, Milagros Antón, envió una carta al contralor advirtiéndole que Gamarra había copiado varias de las preguntas de un examen especializado de su propiedad, llamado “BAT-7”, y que tomarían las acciones legales pertinentes.

Ante esta serie de irregularidades, el 1 de abril pasado la Contraloría suspendió toda la evaluación y el 2 de mayo anuló el concurso.