(Foto: USI)
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La Contraloría convocó el esfuerzo conjunto de entidades del Estado para generar acciones y políticas que permitan solucionar la problemática de limpieza pública y la gestión de residuos sólidos y hospitalarios, revelados por el operativo de control realizado por el ente fiscalizador, que identificó 14 riesgos relacionados a la recolección y disposición final de desechos que pueden afectar la salud de la población.

Tras reunión sostenida el miércoles 17 de abril, en la que participaron representantes de ministerios y de instituciones involucradas, se acordó que se conformará -bajo el liderazgo del Ministerio del Ambiente- un grupo de trabajo cuyo propósito será proponer y concretar políticas, acciones y soluciones a corto y mediano plazo.

Participaron en la cita de trabajo, representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, y de los ministerios de Ambiente, Salud, y de Economía y Finanzas. Asimismo, de la Fiscalía de la Nación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Se contó con la presencia de la titular del Ambiente, Lucía Ruíz.

“Solo se pueden resolver problemas complejos y relevantes si las instituciones del Estado trabajan realmente como uno solo”, manifestó el Contralor General Nelson Shack, al referirse a las deficiencias identificadas por el operativo en la recolección, transporte y disposición final de basura en 697 municipalidades a nivel nacional.

Shack agregó que se necesita un sector que sea capaz de integrar y generar mecanismos de coordinación para ordenar los esfuerzos que el Estado pueda desplegar respecto a los seis problemas revelados por el operativo.

Como el hallazgo de residuos sólidos mezclados con desechos domiciliarios; personal municipal que no cuenta con exámenes médicos y medidas de protección adecuadas; uso de botaderos no autorizados para depositar los residuos sólidos; falta de programa de mantenimiento de recursos para el servicio de limpieza pública, y de un programa de supervisión al servicio de limpieza pública; y la falta de campañas educativas sobre el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.

Otro acuerdo de la cita fue considerar los buenos modelos de participación ciudadana que han implementado algunas municipalidades provinciales al interior del país para el tratamiento de residuos sólidos.

Asimismo, solicitar una mayor intervención del Ministerio de Educación y de los Gobiernos Regionales, a través de las Direcciones Regionales de Educación, para realizar campañas educativas referidas a la importancia del tratamiento de los residuos sólidos y el reciclaje.

Cabe destacar que se solicitará al Ministerio Público la participación fundamental de la Fiscalía de Prevención del Delito para el próximo operativo de control que se realizará con la finalidad de constatar los avances a la problemática de la limpieza pública y gestión de residuos sólidos en el país.

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