La Comisión de Educación, esta vez conducido por la parlamentaria Del Carmen Núñez Marreros (FREPAP), con facultades de comisión investigadora, dio a conocer que ha solicitado información con relación a las presuntas irregularidades cometidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), en el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú y Universidad Peruano Alemana.

Según el informe, señala que se ha solicitado a la Sunedu, con carácter de urgente, información concerniente a normas criterios y parámetros. Además, de lo establecido en la Ley 30220, Nueva Ley Universitaria, que fueron tomados en cuenta para el proceso de de las filiales de ambas universidades con la finalidad de verificar en dicho proceso cómo se evaluaron y aplicaron imparcialmente los mismos parámetros para el licenciamiento de otras universidades públicas y privadas.

Indica, que se ha solicitado la relación nominal de todo el personal nombrado y contratado que permanecieron durante el proceso de licenciamiento y otra relación nominal de todo el personal de técnicos especialistas y funcionarios que tuvieron a su cargo la revisión, evaluación y recomendaciones para dicho .

De igual manera, se ha pedido las declaraciones juradas anuales de bienes y rentas de todo el personal técnico, especialistas y funcionarios de la Sunedu que participaron en el proceso de licenciamiento de cada una de las filiales de ambas universidades. Así como grados y títulos académicos obtenidos por el personal.

En otro párrafo, señala que se ha pedido información a las municipalidades distritales y provinciales cuyo ámbito geográfico se encuentran ubicadas ambas universidades.

Igualmente, que envíen un informe cuyo ámbito geográfico se encuentran ubicadas las sedes de estas universidades a fin de determinar si las edificaciones cumplen con los parámetros técnicos para su funcionamiento establecidos por su comuna.

También, la fecha de de construcción de sus locales, otorgamiento de licencia de construcción, distribución e instalación eléctricas y sanitarias; certificados de defensa civil, entrega de conformidad de obra, licencias municipales de funcionamiento y otros.

Asimismo, se ha enviado un documento a la Sunarp para que informe e indique, si se ha inscrito en los registros pertinentes las propiedades e inmuebles donde funcionan las filiales de ambas universidades y si estos cuentan con el saneamiento físico legal.

Igualmente, han solicitado información a ambas universidades con el fin de confrontar y corroborar informaciones con las demás fuentes.

También, a la Contraloría General de la República copias certificadas de las auditorías practicadas a la Sunedu de los ejercicios fiscales 2018 y 2019 periodo de los cuales se llevó a cabo el licenciamiento de ambas universidades privadas.