El expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, recordó que están evaluando todas las denuncias contra fiscales supremos. (Foto: GEC)
El expresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, recordó que están evaluando todas las denuncias contra fiscales supremos. (Foto: GEC)

La fiscal de la Nación, , y el congresista fujimorista Héctor Becerril son los funcionarios más denunciados en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este grupo fue presidido por el legislador César Segura.

En la documentación a la que accedió Gestión se revela que aún hay 49 denuncias constitucionales pendientes de calificación. Es decir, la Subcomisión ahora liderada por Mario Mantilla tendrá que decidir si son admitidas o rechazadas.

Zoraida Ávalos fue denunciada por distintos presuntos delitos. Su principal denunciante es la fujimorista Yeni Vilcatoma. En total tiene 5 acusaciones pendientes.

Por ejemplo, la acusa de “emitir opiniones contradictorias en la reincorporación de magistrados con graves cuestionamientos por actos de corrupción e infracción disciplinaria”. El ciudadano Edilberto Hernández Sotomayor también acusa a la magistrada de presunto abuso de autoridad.

El caso Becerril

El legislador fujimorista Héctor Becerril tiene cinco denuncias en su contra. Lo han acusado los congresistas María Foronda (FA), Richard Arce (NP), Marvín Palma (Cambio 21), Gloria Montenegro (APP) y el ciudadano Juan Gómez Castañeda.

Lo acusan por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, patricinio ilegal, tráfico de infuencias, cohecho y concusión. Según los denunciantes, Becerril pertenecería a los “Temerarios del Crimen” y a los “Cuellos Blancos de Puerto”.

Vizcarra, Chávarry y Shack

En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también hay tres acusaciones en contra del contralor Nelson Shack. Una de ellas por presuntamente cometer el delito de “nombramiento ilegal en el cargo”.

El presidente no se salvó. Tiene dos denuncias. La fujimorista Vilcatoma acusa al mandatario de presuntamente haber representado a la empresa C y M Vizcarra cuando se desempeñaba como ministro y vicepresidente.

Otros funcionarios acusados son los fiscales Pablo Sánchez y Pedro Chávarry. El primero por supuesto delito de patrocinio ilegal y el segundo, por sus presuntos vínculos con los “Cuellos Blancos del Puerto”.