La congresista Ana Zegarra, de la bancada Somos Perú, presentó una iniciativa legislativa que busca establecer el marco legal para la privatización de los centros penitenciarios en el país. El objetivo, según el proyecto, es reducir el hacinamiento carcelario, garantizar un mejor control institucional y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de los internos.
El PL 11020/2024 plantea que el Estado promueva activamente la inversión privada —nacional o extranjera— en el sistema penitenciario, bajo un modelo de concesión. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asumiría la responsabilidad de gestionar los recursos públicos y presupuestar proyectos de infraestructura penitenciaria.
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Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tiene la capacidad de determinar la priorización de este proceso de acuerdo con el hacinamiento de cada centro penitenciario y consideraciones de salubridad.
Para la privatización de los centros penitenciarios se celebra un contrato del Estado con una empresa privada mediante un modelo de concesión en el plazo que determinen las partes y en cumplimiento con las disposiciones y reglamentos vigentes.
Similares propuestas
La iniciativa de Zegarra se suma a otras propuestas similares presentadas recientemente en el Congreso. Una de ellas es el proyecto del congresista Héctor Valer (también de Somos Perú), que bajo el PL N° 11013/2024-CR propone la privatización de los establecimientos penitenciarios a fin de reducir la sobrepoblación de cárceles en el país.
Según el texto, las empresas privadas podrán participar en la construcción y administración de los penales ante el hacinamiento penitenciario.
“El Estado promueve proyectos de inversión para la construcción y administración de los establecimientos penitenciarios en todo el territorio nacional, fundamentalmente en aquellas regiones donde existe sobrepoblación de internos, lo que pone en riesgo la dignidad humana”, se lee en el documento.
Asimismo, cabe recordar que el primer planteamiento en esta línea fue presentado en enero por el congresista Wilson Soto (Acción Popular), mediante el PL N° 9908/2024-CR.
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Según se puede leer en el documento ya ingresado a comisiones, la iniciativa busca promover la resocialización, reeducación y reincorporación efectiva de la población penitenciaria a la sociedad, asegurando estándares de calidad y respeto por los derechos humanos.
Mencionó que la ley sería aplicable a todos los establecimientos penitenciarios del territorio nacional y que su implementación estaría a cargo del MINJUSDH, el MEF y el INPE, quienes determinarán, mediante evaluación técnica y económica, cuáles serán priorizados para este proceso.